Por: Pablo Camuña
Solicité la rectificación de la nota publicada el lunes 19 de mayo en este medio por el periodista Diego Rojas titulada “Milani y la Justicia: el mundo del revés”. En ella, se describen de manera errónea una serie de sucesos judiciales respecto de las investigaciones que involucran a César Milani en Tucumán y se formulan declaraciones valorativas maliciosas en torno a mi accionar.
Estimo pertinente hacer saber que trabajo desde 2008 en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán, que se encuentra a mi cargo desde 2010 cuando el entonces Procurador General de la Nación Esteban Righi me designó como Fiscal Federal Ad Hoc para intervenir en causas por delitos de lesa humanidad.
Desde 2008 hasta hoy se han llevado adelante en Tucumán ocho juicios por estos delitos de lesa humanidad, se dictaron 48 condenas y 4 absoluciones; además, hay casi 50 personas procesadas y ya se han juzgado o procesado los hechos que perjudicaron a más de 600 víctimas. En lo personal, antes de ingresar al MPF, fui activista de ONGs de defensa de derechos humanos y ejerzo desde hace tiempo la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Señalo esto para contextualizar apropiadamente mi pedido de que se rectificara una nota que contiene opiniones basadas en falsedades.
En la nota a la que hago referencia, se señala en primer lugar que yo personalmente “había desestimado en varias oportunidades que se investigue a Milani”, lo cual es absolutamente inexacto. A partir de una denuncia presentada por los senadores José Cano y Gerardo Morales se inició una causa (“Fiscal Federal c/Milani, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús – su denuncia” Expte. n° 037964/2013) para determinar la eventual participación de César Milani en delitos de lesa humanidad en el marco del “Operativo Independencia”, es decir, en la megacausa que se sigue por delitos cometidos previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en Tucumán.
Tal era el objeto de la denuncia, lo que puede verificarse en el expediente. Al comprobarse que el denunciado no había estado prestando servicios en Tucumán en tales fechas y que no existían testimonios que lo mencionaran, se consideró inicialmente archivar el expediente, a lo que el Juez Federal Daniel Bejas hizo lugar.
Tiempo después, los denunciantes pidieron que se realizaran otras medidas con el mismo objeto. Decidí llevarlas adelante y producir de oficio otras pruebas para verificar una vez más la hipótesis delictiva denunciada con base en nuevos elementos. Todo esto puede verse en detalle aquí.
Producida la prueba, ningún elemento nuevo señaló la presencia de Milani en Tucumán con anterioridad al golpe de Estado. En cambio, sí se constató que las pruebas reunidas podrían tener impacto en la causa por la desaparición de Alberto Ledo, por lo que remití la totalidad de la investigación para que fuera acumulada a aquella, que lleva adelante el Fiscal Federal n° 1 Carlos Brito (Causa “Brizuela de Ledo Marcela s/su denuncia por secuestro y desaparición de Alberto Agapito Ledo” Expte. Nº 662/07).
Dicho esto, queda absolutamente claro que jamás desestimé ningún tipo de investigación, y que instrumenté todas las medidas necesarias ante las denuncias presentadas.
Por otro lado, la nota consigna erróneamente como “nueva prueba” dos testimonios que yo mismo colecté. En efecto, los hermanos Álvaro y Juan Carlos Illanes fueron trasladados a Tucumán con acompañamiento del Programa de Protección de Testigos (también solicitado por mi expreso pedido) y testimoniaron el 5 de agosto de 2013 en mi oficina en el marco de la causa “Operativo Independencia”, que se encuentran ahora agregadas en la causa “Ledo”. Se entiende que tales declaraciones no son novedosas, salvo quizás para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Por lo demás, es errónea y maliciosa la afirmación que sostiene que en los “en los pasillos de Tribunales tucumanos se aguarda cuál será la respuesta del fiscal Camuña de repetida, como se dijo, tendencia a exculpar al jefe militar”, puesto que al no estar a cargo, ni nunca haber estado a cargo de la investigación por la desaparición de Alberto Ledo (como ya señalé) difícilmente pueda aguardarse una respuesta de mi parte.
Toda esta información resulta fácil de verificar con la simple observación de los expedientes o bien con la consulta, todo lo cual hubiera resultado necesario previo a publicar la nota de opinión con conceptos tan graves. La “tendencia exculpatoria” que livianamente me asigna el Sr. Rojas resulta así no sólo una opinión que me ofende personalmente por su malicia, sino que, sobre todo, se basa objetivamente en información equivocada que no fue sometida al mínimo cuidado profesional.