Hoy más que nunca, hay que tener presente, hay república si los jueces son libres e independientes; si dicho principio fundamental es erradicado, sólo nos quedará el recuerdo de lo que una vez fuimos. Nuestros hijos y las generaciones venideras nunca podrán gozar de aquello por lo que hoy debemos velar, y será así una deuda moral y patriótica que no prescribirá.

Los proyectos que el  Gobierno envío al Congreso son de neto corte inconstitucional, buscan minar la independencia del Poder Judicial, y merecen el más amplio rechazo de la sociedad toda, ya que es falaz el término “democratizacion de la justicia”, usado para un sentido populista de la reforma, y es sabido, que “el populismo mata la democracia”.

Toda democracia fuerte no relativiza controles, siendo las reglas claras la base de toda sociedad ordenada, para una mayor transparencia institucional, justamente todo lo contrario a lo que se pregona demagógicamente con el populismo.

A poco que fuimos viendo los proyectos en debate y sus graves e irreparables efectos, claramente se advierte la intención de dominar  al Poder Judicial, para que así se vea atada al poder político de turno, hoy el kirchnerismo, y aniquilar la seguridad jurídica, el bien más preciado para toda Nación que quiera tener futuro.

La seguridad jurídica no provoca otra cosa que garantizar el funcionamiento del sistema judicial, para que éste sea transparente y confiable, y aquí es donde los proyectos de reforma judicial en debate hacen mella y violentan la Constitución Nacional y todo su andamiaje de principios y garantías.

Los proyectos presentados quieren domesticar la independencia y libertad de la Justicia, subordinándola a un poder de tinte totalitario y que en su conjunto para nada garantizan su democratización, sino todo lo contrario, es decir, sometimiento y obediencia debida al poder político. Cabe recordar que el control de constitucionalidad de las normas en definitiva descansa en el Poder Judicial, y por ello debe ser independiente.

La publicación de las declaraciones juradas de los jueces no hace otra cosa que reafirmar una obligación para todo funcionario de cualquier poder público, y así es como las declaraciones son presentadas anualmente por los magistrados.

El ingreso por concurso de los empleados al Poder judicial es una exigencia por demás exagerada, ya que para quien comienza una vida laboral es solamente exigible confianza por quien lo nombra, idoneidad -para eso se exige el título secundario- y que no tenga antecedentes judiciales. Para cargos funcionales -fiscal y magistratura- hay exámenes por concursos llamados públicamente.

En lo que respecta al registro público de causas judiciales, se estaría violando el principio de reserva de los procesos judiciales, ya sean civiles por tema de derecho de familia, o procesos penales, y el de los individuos involucrados en ellos, por lo cual, debe tenerse mucho cuidado en la publicidades de los procesos.

Sobre la creación de nuevas Cámaras de Casación es obligatorio decir que son sobreabundantes como etapa procesal, y traerán mayor demora en la administración de justicia, en perjuicio del  justiciable, que con premura aguarda le sean reconocidos sus derechos. En cambio, su instauración sí beneficia al Estado mismo, en su política de dilatar procesos adversos, para así tener una instancia recursiva más. Por principio constitucional y tratados internacionales signados, siempre queda expedita la vía del recurso extraordinario, por lo que, fácil es deducir, no se quita una instancia sino que se agrega una más al lento trámite judicial, respecto de lo cual la ciudadanía entera esta hastiada. Fácil es ver en la práctica, para darse cuenta que no tendrán éxito, lo que sucede en fuero penal, con la Cámara Federal de Casación Penal, donde las sentencias definitivas igual llegan a la Corte, para su revisión, por vía del caso federal.

La letra del proyecto de reformas al Consejo de la Magistratura acabadamente remarca una politización de la justicia, en sus aspectos de integración y su funcionamiento como poder institucional independiente, ya que el futuro juez dependerá de un poder o partido político, para acceder o permanecer en la magistratura, y así la sagrada imparcialidad que se debe poseer al sentenciar será simplemente una entelequia, y será influenciable y manejable, lo que el el hombre de a pie rechaza.

Es peligroso para una república, hasta límites inimaginables, más allá de ser tachada la ley de inconstitucional, darle a la mayoría política de turno el manejo a voluntad del órgano de selección, nombramiento y juzgamiento de los jueces. Nada más acertado para concretar las reales consecuencias de la implementación de este sistema inconstitucional es que los despachos de los magistrados serán invadidos por la política, por lo tanto el derecho no tendrá más su imperium, y las sentencias, en su aspecto extrínseco lo parecerán, pero en realidad, no serán otra cosa que la voluntad escrita del poder político de turno, que subrepticiamente presionará a los jueces.

Si hay herramientas necesarias en todo sistema legal, para aminorar perjuicios concretos y futuros de cualquier índole, éstas son las cautelares. Son defensas imprescindibles para proteger al afectado por una acción o un acto del estado, y resguardan la salud, patrimonio y derechos de los ciudadanos. Para ver la gravedad, en su total magnitud, de la propuesta “democrática” de restricción a las cautelares, nos tienen que venir a la memoria las cautelares del llamado “corralito”, y cómo mucha gente recuperó lo suyo.

En el futuro, ¿cómo los jubilados o una empresa, peligrando la fuente laboral de familias, con qué herramientas de pronta resolución podrán defenderse ante el injusto del soberano?