¿No es un poco tarde para lamentarse por el hecho de que el hombre que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1981, cuando se desató la represión más sangrienta de nuestra historia, haya muerto sin hablar?

Un lugar común de los muchos que se han escuchado en estos días fue ese reproche -ya sin destinatario- por los secretos que Jorge Rafael Videla se habría llevado a la tumba: concretamente, el destino exacto de muchos desaparecidos y el paradero de los niños apropiados, secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio.

Es un lamento que contiene una alta dosis de hipocresía. Diez años de gobierno nacional, popular y estatista ya deberían haber permitido dar con toda la información disponible en los diferentes nichos del aparato administrativo, a nivel nacional y provincial, y en todos los ámbitos, incluyendo sus instituciones de inteligencia y seguridad.

Hace poco, trascendió que el gobierno se hizo con el archivo personal de Juan Perón, acumulado durante sus años de exilio en Puerta de Hierro, un material cuyo paradero era desconocido y que se encontraba en poder de la Fuerza Aérea que -se sabe ahora- lo había capturado como botín luego del golpe de Estado de 1976.

Es decir, hay cosas. Si no se las encuentra, es más por inoperancia o falta de voluntad. O por un estilo que prefiere el relatar al hacer.

En este contexto, sorprende que algunos hasta interpelen a Jorge Bergoglio, (“su designación puede abrir puertas para saber dónde están el resto de los nietos que faltan y los 30 mil desaparecidos”) como si éste tuviese la llave de una información que ellos, en diez años de política de “derechos humanos”, no pudieron encontrar. Imposible no ver la intencionalidad ideológica del reclamo.

Por otra parte, pretender que personas que estuvieron involucradas en crímenes tan atroces den información a cambio de nada es por lo menos ingenuo. En muchos sistemas judiciales del mundo existen alternativas de beneficios o reducción de penas para quienes colaboren con la justicia.

Claudio Tamburrini, un ex detenido desaparecido que logró fugarse del centro clandestino de torturas que funcionaba en Mansión Seré (en la zona Oeste del Gran Buenos Aires) -su historia fue llevada al cine-, viene proponiendo hace tiempo una alternativa de este tipo.

Así lo explicó en una entrevista: “Han pasado 30 años. El tiempo se nos está acabando, se nos están muriendo los represores. Nos quedan cuestiones fundamentales por resolver, como es saber qué pasó con los detenidos desaparecidos, dónde están los cuerpos, dónde están los bebés apropiados, quiénes fueron los cómplices civiles de los militares”.

Y su propuesta era: “La única forma de llegar a revelar la verdad es ofrecer una negociación penal. Es decir, una rebaja en las penas a quien colabore totalmente. Muy posiblemente no sea necesario negociar con los comandantes, como Rafael Videla, que tampoco debe tener información puntual de quién se llevó tal bebé. Hay que buscar a los que manejaron concretamente estos operativos. Se ha puesto énfasis en los procesos judiciales en el castigo y en la noción de justicia, [pero] en este momento la prioridad es la noción de verdad y la noción de justicia concebida más ampliamente”.

En cuanto a la posición de los organismos de familiares de víctimas, Tamburrini decía: “Los familiares defienden la necesidad de aplicar un castigo duro a los responsables de las violaciones de derechos humanos, pero también dicen que quieren conocer toda la verdad y saber qué pasó con sus familiares o identificar a los bebés apropiados. Hay una contradicción porque, al amenazar y aplicar una pena dura, se está cerrando una posible negociación y se está instando al condenado a callar. Y se está afianzando el pacto de silencio entre militares, que la democracia argentina no ha podido quebrar”.

En 2009, el nieto número 98 -hijo de desaparecidos durante la represión ilegal contra la guerrilla- fue recuperado de modo totalmente fortuito. En diciembre de 2007, Martín se había presentado al Banco Nacional de Datos Genéticos, sospechando de su condición de niño apropiado, pero los resultados fueron negativos, porque nadie lo estaba buscando. Tanto los parientes de su madre, Marcela Molfino, como los de su padre, Guillermo Amarilla, ignoraban que su madre estaba encinta cuando la pareja fue secuestrada, en octubre de 1979. Más de un año después de ese intento infructuoso, un testigo que vio a Molfino en Campo de Mayo dijo que ésta había dado a luz a un varón. Y así pudo Martín recuperar su identidad.

Éste es sólo un ejemplo de la importancia de los datos que los represores podrían aportar. Como muchos ya son octogenarios, el tiempo apremia. Todavía hay argentinos sin tumba y niños apropiados que no han recuperado su identidad. Si en verdad se le atribuye valor a la información retenida por los procesados, algo habría que hacer al respecto.

Sin embargo, con excepción de Graciela Fernández Meijide, la propuesta de Tamburrini fue desestimada o directamente ignorada, lo que lo llevó a él mismo a preguntarse por las verdaderas motivaciones de algunos activistas de derechos humanos: “El problema está en determinar los fines que pretenden conseguir: si es sólo juicio y castigo o si se pretende también alcanzar el esclarecimiento de la verdad. (…) La ausencia de una discusión amplia sobre los fines de las medidas penales contra militares acusados de violar los derechos humanos es, además, un déficit potencialmente peligroso de la democracia argentina. Una reivindicación en principio justa y necesaria podrá ser concebida por la gente, en particular por las nuevas generaciones, como una simple política revanchista sin razón ni fundamento, defendida solamente por quienes ya integran el círculo de iniciados”.

Es de esperar, por otra parte, que se esclarezcan debidamente las circunstancias de una muerte cuya coincidencia temporal con la autocelebración oficial de logros que radican más en el discurso que en la realidad, obligaría a la mayor transparencia, para disipar toda sospecha de instrumentalización.

De otro modo, al igual que con los lamentos post-mortem por una información que nadie intentó seriamente obtener, se confirmará que el objetivo de toda la política de “verdad, memoria y justicia” no es más que un ardid para sustentar un relato, aunque para ello, en el camino, se sacrifique la verdad.