La actual administración sostiene que sólo es posible alcanzar el objetivo de crecimiento con inclusión social a  partir de la existencia de un Gobierno que interviene cada vez más en la economía.

Si bien es cierto que la Argentina se recuperó de la crisis de 2001 y creció durante estos años, no es menos cierto que todos nuestros vecinos (sobre todo Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay) también crecieron, y con enfoques diferentes respecto al rol del Estado. Además, con la única excepción de Venezuela, todos aplicando políticas macroeconómicas que varios oficialistas caratularían como “neoliberales” u “ortodoxas”, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de estos países tienen pergaminos de izquierda que en el caso del nuestro no abundan.

La expansión económica de nuestro país alcanzó un 80% en los últimos 10 años y, a partir de 2005, donde se logra recuperar el nivel de PBI precrisis, la tasa de crecimiento promedio llega al 5,4%.  

Sin embargo, el nivel de actividad fue disminuyendo año a año, en forma paralela a la mayor dimensión e intervención del Gobierno en la economía. En el período 2003/2007 se creció a una tasa promedio del 8,8% y, a partir de la mayor intervención gubernamental (fijación de precios, regulaciones, asignación discrecional de recursos, trabas a las exportaciones e importaciones, nacionalización de empresas, cepo cambiario, etc.) la tasa promedio de crecimiento descendió al 3,4% (2008/2012).

El tamaño del Estado puede medirse -por aproximación- mediante el peso de la recaudación y del gasto público sobre el PBI. Sin embargo, ni la presión tributaria ni el nivel de gasto nos permiten inferir la calidad o eficiencia en la gestión del Estado: 100 millones de pesos gastados en subsidios a las tarifas del gas domiciliario de hogares con ingresos medios y altos son cuantitativamente iguales a 100 millones de pesos invertidos en infraestructura energética y/o de transporte. Por el contrario, la asignación eficiente del gasto público es, en definitiva, la que muestra  la calidad de gestión del Estado, que debe traducirse en, por ejemplo, mejoras progresivas en  la inclusión social, la calidad educativa y de la salud pública.

El incremento del gasto público consolidado entre 2003 y 2012 fue de 13 puntos porcentuales, pasando de representar el 25% al 38%. Medido en pesos, el gasto público pasó de poco más de $73.000 MM (2002) a prácticamente $900.000 MM (2012), lo cual implica un aumento de 1220%, que supera holgadamente el incremento del nivel general de precios (334%) y la suba del PBI nominal (694%) acumulado en el mismo período.

Centrando el análisis en los recursos tributarios, Argentina experimentó un aumento de la presión tributaria que también muestra similar incremento del tamaño del Estado y que no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país. Entre 2003 y 2012 la presión tributaria total aumentó también 13 puntos porcentuales, pasando del 21% (2002) a casi el 34% (2012) del PBI.

Una visión regional muestra que las altas tasas de crecimiento no son un fenómeno exclusivo de Argentina. En la última década la mayoría de los países de la región creció a un ritmo superior al promedio histórico. Es más, entre 2003 y 2012 hubo varios países de América Latina que, aplicando recetas económicas opuestas a las aplicada en nuestro país, mostraron tasas de crecimiento promedio más elevadas (y más estables) que Argentina.

El punto relevante a destacar es que Chile, Perú, Colombia y Brasil crecieron igual o más que Argentina sin aplicar un modelo basado en el aumento del gasto público. Por el contrario, la dimensión de sus Estados (medida por el gasto) sólo aumentó marginalmente en Colombia, se mantuvo estable en Brasil y en Chile incluso se redujo, como en el caso de Perú. Al mismo tiempo y también diferenciándose de Argentina, en ninguno de estos países aumentó la presión tributaria.

En pocas palabras, el hecho que todos los países hayan crecido fuertemente muestra que no necesariamente hay una relación causal positiva entre mayor intervención del Gobierno y crecimiento a tasas elevadas. Es más, se podría argumentar que la relación causal entre más gasto y mayor crecimiento queda invalidada si se tiene en cuenta que el crecimiento genuino argentino (con un nivel de gasto público cada vez más grande) no fue mayor que la expansión económica de la mayoría de los países de la región que aplicaron recetas basadas en un nivel de gasto estable o incluso decreciente.

Así como más gasto público no es sinónimo de mayor crecimiento, también es importante recalcar que tampoco implica mayor calidad o eficiencia del Estado. La eficiencia general del gasto en la Argentina para mejorar la calidad de vida y la equidad, y para reducir la pobreza, es baja en comparación al contexto regional e internacional.

Además, el funcionamiento distorsionado de la relación fiscal entre el nivel federal y las jurisdicciones provinciales en sus vinculaciones a través del sistema político-institucional crea bolsones de ineficiencia, como en el caso de las provincias que dependen crecientemente de transferencias discrecionales, que atentan contra la eficiente prestación de los servicios públicos más sensibles para la sociedad, que son principalmente potestad de las provincias.