Por: Sebastián Scheimberg
El año 2012 culminó acentuando algunos de los rasgos característicos de la gestión del gobierno nacional: una serie de anuncios rimbombantes, cortes de servicios eléctricos por doquier y acusaciones varias a supuestos conspiradores (en el sector energético, por ejemplo, los que bajan las palancas), a los que se ha sumado la prestigiosa Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en su conjunto. En esta nota nos concentramos en los anuncios, los que involucran nada menos que a YPF, para seguir alimentando la expectativa por revertir el final del autoabastecimiento energético que domina la escena desde 2011.
A partir de comienzos de 2012, el gobierno tomó conciencia del frustrado ensayo de transferencia de la renta petrolera a grupos locales y el sinsabor que dejó la experiencia del vaciamiento de YPF con la anuencia del gobierno.
A pesar del entusiasmo de su nueva conducción, los esfuerzos por ahora no se han transformado en resultados económicos y las nuevas promesas de inversión (en el marco de un plan ambicioso) involucran ahora al grupo local Bridas, asociado a capitales chinos, por un lado, y a la gran petrolera internacional Chevron, por el otro. Aunque las negociaciones tienen por ahora más de una partida de póker que de una convocatoria abierta y competitiva, en una suerte de “quid pro quo” o “te doy si me das”.
La sensación dominante es que la convocatoria competitiva, que siempre ha probado generar mayor bienestar agregado, requiere culminar el proceso de expropiación de Repsol, tras la determinación de un valor de la compañía por parte de una institución neutral y prestigiosa, como condición necesaria.
En el contexto actual, sin el proceso expropiatorio completado, el gobierno ha conseguido concitar estas dos voluntades. Por un lado Chevron está sometida a una fuerte presión a nivel regional, liderada por el propio presidente Rafael Correa, tras la sentencia judicial local a favor de los pueblos originarios del Ecuador por sumas multimillonarias. Su acuerdo de inversión potencial en Vaca Muerta está condicionado a que el gobierno argentino logre eximir a la multinacional del embargo de sus activos en el país, así como de una serie de requerimientos sobre la disponibilidad de divisas, que actualmente parecen impensadas (y serían extremadamente discriminatorias hacia el resto de los actores).
El caso de Bridas es algo distinto. La familia Bulgheroni tiene una larga tradición en negociaciones bajo estrés. En nuestro país enfrenta un duro conflicto gremial con un grupo radicalizado en la zona más productiva del país. No obstante, mundialmente ha sido capaz de sortear peores obstáculos, como el caso de su negociación con grupos talibanes en Asia. Históricamente su capacidad de negociación en Argentina le ha dado réditos con sucesivos gobiernos locales desde la época de Frondizi, pasando por gobiernos militares y democráticos, hasta su última conquista en el año 2007, cuando logró la prórroga del contrato de concesión de Cerro Dragón, en condiciones muy favorables (motivo por el que desistió de continuar el juicio contra el Estado nacional en el Ciadi). Seguramente su capacidad adaptativa y de negociación le permitirá, acuerdo mediante, recuperar la rentabilidad a partir de este acuerdo.
Lograr que estos principios de acuerdo se transformen en acciones concretas sería importante para recuperar el autoabastecimiento energético, pero más importante va a ser generar un ámbito de buenas prácticas regulatorias que fomenten la competencia bajo condiciones igualitarias para todos los participantes de la industria.