Por: Adrián Pérez
Al asumir con lo que los politólogos denominan legitimidad limitada, Néstor Kirchner tuvo la imperiosa tarea de consolidar su legitimidad electoral. Este hecho no es menor, y en alguna medida definió la impronta de los dos primeros años de gobierno, con algunas medidas que son las consideradas como las más positivas. En primer lugar, la modificación de la Corte Suprema de Justicia y también durante esa etapa la reapertura de los juicios a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Al mismo tiempo, en términos de dinámica política se proclamaba una supuesta transversalidad y diálogo con otras fuerzas políticas opositoras que nunca se llevó a cabo.
En lo económico, no cabe duda que el modelo implementado en 2003 que se sustentaba en tres pilares -tipo de cambio competitivo, superávits gemelos (fiscal y comercial) y acumulación de reservas internacionales- hace tiempo dejó de existir, aunque el gobierno se obstine en asegurar lo contrario. Hasta 2006 las altas tasas de crecimiento están explicadas por un lado por las excelentes condiciones de la economía internacional, que crecía a tasas que duplicaban el promedio histórico, acompañado por el crecimiento de la demanda generalizada de materias primas y su impulso sobre los precios, lo que conllevaba a una mejora significativa de los términos de intercambio, y por consiguiente su impacto positivo sobre la producción local. En el orden interno la mejora del tipo de cambio que significó la devaluación del 2002 junto con la decisión de establecer un esquema de flotación administrada para evitar la revaluación del peso, significaron un adecuado incentivo para impulsar el aumento de la producción, especialmente del segmento industrial que es la más sensible a la competencia internacional.
A partir de 2007 las condiciones internas ya no eran las mismas, aunque el gobierno se negó a reconocerlo, y en pos de sustentar su permanencia en el poder, decidió continuar con la expansión del gasto. De esta manera comenzó a aparecer el fenómeno de la inflación, que a lo largo de los años se consolidó en niveles cada vez más altos. La inflación es el principal problema de la administración kirchnerista, porque representa un límite para los logros que se había alcanzado en materia de reducción de la pobreza y mejora de la capacidad de consumo de la población a partir del incremento del salario real, y además impacta contra la competitividad de la economía.
En materia energética el balance también es claramente negativo, ya que la falta de inversiones de envergadura, llevó a la pérdida del autoabastecimiento, que no logró resolverse con la estatización de YPF. Por lo tanto hoy somos altamente dependientes de la energía importada, que absorbe tres de cuatro dólares del superávit de la balanza comercial. Tal vez si no se hubiesen despilfarrado recursos en los sobreprecios pagados en las obras realizadas habría habido dinero para hacer las inversiones energéticas que requería el país. En 2006 la balanza energética aportaba casi el 50% del superávit comercial, mientras que en 2012, aun en un contexto de menor demanda por el enfriamiento de la economía, el déficit comercial externo del sector alcanzó los U$S 3.500 millones.
En términos productivos el gobierno kirchnerista tampoco realizó grandes cambios, ya que a pesar de las altas tasas de crecimiento registradas, se mantuvo la misma matriz productiva. Ésta se basa en una estructura exportadora muy concentrada en sectores extractivos de recursos naturales, con alta concentración en pocas empresas, en donde las Pyme fueron perdiendo participación, pasando de representar en 2001 el 13% del total de exportaciones al 10% en el último año.
Pero donde es más grave el deterioro evidenciado en la década es en los niveles de calidad institucional. Asistimos a un proceso de concentración del poder en manos del Ejecutivo que se erige como omnímodo a partir de resultados electorales favorables, al mismo tiempo que ha hecho todos sus esfuerzos por debilitar e ignorar a los otros poderes republicanos.
Se acentuaron los rasgos presidencialistas del sistema con la utilización de DNU, facultades delegadas y los superpoderes en materia presupuestaria. Simultáneamente el Gobierno vació los organismos de control (SIGEN, OA, FIA) y manipuló las estadísticas públicas al destruir el Indec. También persistió en el bloqueo a la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública y a la publicidad de las agendas de los funcionarios.
En resumen el balance de estos diez años de gobierno kirchnerista pone en evidencia que las políticas económicas aplicadas en los últimos años fueron un ejemplo de lo opuesto al progresismo, porque en un período de alto crecimiento se dilapidaron recursos públicos en subsidios que no llegaron de manera efectiva a los sectores de menores ingresos. Se gastó en obras que por sus sobreprecios terminaban costando un valor muy superior al que correspondía, y no hubo un compromiso para atacar la inflación, que impacta muy fuertemente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Y como una mueca trágica de la decadencia final, hoy asistimos al espectáculo triste de la puesta en evidencia de una matriz de corrupción basada en negociaciones incompatibles, sobreprecios, facturas truchas y eventuales sobornos. La consecuencia de esta gestión con pretensiones hegemónicas y autoritarias es el debilitamiento de las instituciones que deben garantizar los derechos ciudadanos y la afectación de percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento del sistema democrático.