Por: Adriana Puiggrós
Luego de 20 horas de debate y tratamiento, hoy a las 6 de la mañana se aprobó con 130 votos a favor y 123 en contra la modificación del Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus miembros. Fue una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se trataron los proyectos cuyo objetivos es el de la democratización de la Justicia, y ante la confusión que ha generado las acusaciones y gestos violentos de la oposición tendientes a confundir a la opinión pública, vale hacer algunas aclaraciones al respecto.
En mi trayectoria como diputada de la Nación por el Frente Grande, en el Frente para la Victoria, recuerdo pocas sesiones en las que la oposición tuvo una actitud tan violenta como la que se ha vivido en el recinto en estas horas que duró el tratamiento. Una actitud por demás evidente de intentar todo el tiempo deslegitimar y ponerle un manto de sospechas y oscuridad sobre el verdadero sentido y objetivos que tienen el conjunto de modificaciones tendientes a la democratización de la Justicia.
Esta votación en la que el bloque del FPV ganó la elección de la reforma del Consejo de la Magistratura fue realizada en los términos que establece el reglamento. De ninguna manera hubo “fraude” como quieren hacer parecer y creer los bloques opositores, voceros en muchos casos de las posiciones dominantes de algunos grupos mediáticos. No es la primera vez que el tablero electrónico y las botoneras fallan. Por esa razón los diputados cuando vemos que nuestro voto (positivo o negativo) no es registrado por la botonera que está en nuestra banca, avisamos en voz alta a la Presidencia. Esto es lo que sucedió en esta madrugada cuando se votaba en particular el artículo 2 y Alicia Comelli y Juan Forconi trataban de aclarar entre el griterío de la oposición que sus votos eran por la positiva y no negativos o abstención, para lo cual en este último caso se debe pedir autorización para ello.
Tampoco es verdad que el conjunto de proyectos que se trataron, tanto en el Senado como en Diputados, no hayan tenido el tiempo suficiente para su debate. El sistema legislativo organizado en comisiones pertinentes a cada tema abre el tratamiento para que cada uno de sus miembros analice y especifique sus aportes y diferencias. En estos últimos tiempos hemos visto cómo se han televisado algunos de los debates que primero se da en las comisiones y luego en el recinto. Cuando un proyecto llega para ser tratado en el recinto, ya ha sido visto, analizado y debatido en esas comisiones. En ninguna de estas instancias se ha impedido el debate, espíritu central del Poder Legislativo. En este caso, el debate por una justicia más justa es un debate que viene desde hace años, desde la convención constituyente de 1994.
Lejos de dignificar y hacer honor al lugar que el pueblo nos ha otorgado en su representación, una vez más la impotencia -y la falta de proyectos políticos- de la oposición desprestigia la política y las instituciones democráticas.
Los fundamentos del Frente Grande para votar a favor
En el debate de la Convención Constituyente de 1994, el bloque del FG estuvo de acuerdo con la introducción del Consejo de la Magistratura en la Constitución, pero discrepó en cuanto a la forma en la que se lo reguló, en el artículo 114 de la Constitución. La Creación del Consejo de la Magistratura formó parte del Pacto de Olivos, acuerdo que el FG rechazó. Al referirse al conjunto, eñ convencional Carlos Auyero dijo que nos oponíamos frontalmente a algunos de los puntos contenidos en el “núcleo de coincidencias mínimas”. Con otros “pocos”, señaló Auyero, estábamos de acuerdo y respecto de algunos, nuestra posición era que queríamos “reformularlos”. Entre éstos estaba el Consejo de la Magistratura, y Auyero lo expresó así: “a pesar de que la idea conceptualmente era correcta, estaba mal o deficientemente instrumentada”. Seguimos pensando lo mismo, y justamente apoyamos este proyecto sobre el Consejo de la Magistratura porque avanza en algo en cuanto a mejorar lo que está hecho en forma deficiente, o directamente mal.
Los proyectos que estamos tratando acercan la justicia a los ciudadanos y forman parte del conjunto de políticas de nuestro Gobierno tendientes a saldar las deudas aún pendientes de la República con la democracia. Con respecto al Proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, queremos resaltar que se trata de una continuidad de la senda trazada con el dictado de los decretos 222 y 588 del 2003, por los cuales se comenzaron a sentar las bases para la definitiva participación de la comunidad en la elección de los miembros de la magistratura judicial. Los aspectos de la modificación que nos parecen más relevantes son el establecimiento de mecanismos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura que expresen más fielmente la voluntad popular; garantizar y perfeccionar el equilibrio de los diferentes estamentos en la composición del cuerpo; la morigeración de las exigencias para ser consejero y fijar mecanismos ágiles de toma de decisiones.
La Constitución manda que exista un equilibrio entre la representación de “los órganos políticos resultantes de la elección popular” y aquella de “los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. Si el Poder Judicial es del pueblo, debe ser éste a través de la elección directa quien elija a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto es mucho más legítimo que si lo hacen 700 jueces o 20.000 abogados. Criticamos el uso que la oposición da al término “idóneo”, identificándolo con “meritorio” y oponiéndolo a “popular”(que a su vez algunos identifican con “choripan”). Discutimos una concepción meritocrática y corporativa contra los criterios de la Justicia de la democracia.
El Frente para la Victoria aceptó que sea la Corte -como cabeza del Poder Judicial- la encargada de administrar el presupuesto, aunque controlada por la Auditoría General de la Nación, así como el control de la política salarial y los concursos del personal del órgano que designa y remueve jueces. Las observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos vinculados con la Justicia derivaron en la apertura del debate en comisión y la introducción de modificaciones para resguardar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los sectores vulnerables. El proyecto de ley establece un plazo de seis meses para la vigencia de las medidas cautelares, prorrogables por otros seis, en caso de que el magistrado lo considere necesario. Estas regulaciones no se aplicarán “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria, o de naturaleza ambiental”. Además, en el artículo 17 se agregó un párrafo en el que se resguarda el derecho de huelga de los trabajadores.
Sólo resta afirmar la convicción de que estamos dando un paso trascendente para hacer de la Justicia, además de un poder de la República, un instrumento en manos de los ciudadanos para la defensa de sus derechos.