Hay expresiones que por más que sean de uso corriente deben revisarse al efecto de no tergiversar conceptos clave. En este caso me refiero a la reiterada pero errónea expresión de “inversión pública”. La última vez que discutí el término en cuestión fue durante un congreso de economistas realizado a fines del año pasado.

Como es sabido, el ingreso no consumido es ahorro y el destino exclusivo del ahorro es la inversión. Estos dos últimos conceptos son correlativos e imposibles de escindir. Incluso cuando se ahorra en dinero se está invirtiendo, en este caso guardando efectivo. En todos los casos, la inversión tiene lugar porque se estima que el valor futuro será mayor que el valor presente. El ahorrar bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, es lo que ocurre: al retirar parte del dinero de la circulación habrá menor cantidad de moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios por lo que los precios  tenderán  a bajar que es lo mismo que decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria aumenta.

Se ha dicho equivocadamente que la inversión solo alude a que como resultado se incrementa la producción de bienes materiales, pero de lo que trata es de producción de valores no necesariamente materiales. Si alguien invierte sus ingresos no consumidos en un mirador desde donde disfruta de puestas de sol, ese es su rentabilidad y así sucesivamente. Si la gente prefiere la riqueza a la pobreza, la inversión primero se canalizará hacia la producción de bienes materiales con rentas también materiales para después eventualmente gozar de los culturales y espirituales.

Entonces, la inversión inexorablemente se refiere a las preferencias subjetivas donde, como queda dicho, se estiman mayores valores en el futuro que en el presente. Es naturalmente un proceso sujeto a las apreciaciones individuales, lo cual no es incompatible con que un grupo de personas reunidas en una empresa formal o no decidan distintos tipos de inversiones según los procedimientos establecidos en sus respectivos  estatutos o acuerdos.

Ahora bien, lo que carece de todo sentido es denominar “inversión” a lo realizado contra la voluntad de los titulares de los recursos. Si una persona le arranca la billetera a un transeúnte y le dice que invertirá lo robado en algo comunitario que el dueño no desea, evidentemente lo menos que puede decirse es que se está utilizando mal el término inversión.

Cuando el aparato estatal decreta la imposición de nuevos gravámenes y se los denomina “ahorro forzoso” tal como ocurrió durante el gobierno argentino de Raúl Alfonsín, se trata de una desfiguración mayúscula del lenguaje. No hay tal cosa como ahorro forzoso puesto que el ingreso no consumido es por su naturaleza voluntario, realizado con recursos propios para destinarlo a inversiones en rubros elegidos y preferidos por el dueño de los fondos.

En la misma línea argumental, la llamada “inversión pública” no es inversión puesto que no procede de estimaciones libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación valor presente-valor futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos. Técnicamente se trata de gastos públicos. Nada se gana con sostener que la comunidad se beneficiará durante un período largo de tiempo con carreteras dado que si la gente hubiera podido disponer del fruto de su trabajo lo hubiera destinado a otras áreas y destinos (y si lo hubiera destinado a invertir en carreteras, la intromisión gubernamental se torna superflua con gastos administrativos inútiles).

Decimos que se trata de gastos públicos que pueden ser corrientes o en activos fijos, pero por las razones apuntadas resulta impropio recurrir a un término como la inversión que significa otra cosa completamente distinta.

Dicho sea al pasar, en este plano de discusión no estoy pronunciándome por determinado sistema para la construcción y operación de las carreteras (lo cual he hecho en otras oportunidades, por ejemplo, en mi libro Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999), en esta ocasión me circunscribo a elaborar sobre el concepto de inversión.

No resulta convincente que a una persona que atribuye prioridad y urgencia a la operación de cataratas de su madre, el gobierno le succione esos ingresos disponibles para “invertir” en carreteras alegando que le hará bien. A estos efectos lo dicho no discute que los aparatos estatales construyan carreteras; solo estamos destacando que no se trata de inversiones sino de gastos públicos en activos fijos como contabilización y clasificación en las cuentas nacionales.

Sin duda Keynes ha influido decisivamente en la generalización de la idea de la  “inversión pública”. Especialmente aunque no exclusivamente en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero este autor tiende a menospreciar el ahorro y a estimular y ponderar la “inversión” proveniente del gobierno la cual mantendría el pleno empleo aun a costa del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo cual no solo desconoce el hecho de que se trata de una traslación de la fuerza laboral del sector privado al público con salarios nominales más altos pero menores en términos reales debido a los procesos inflacionarios, sino que la susodicha “inversión” detrae recursos de las áreas productivas.

Ya he comentado antes la peculiar noción keynesiana de un supuesto multiplicador que tendría lugar si el gobierno “invierte”. Disculpe el lector por el siguiente galimatías pero es lo que dice Keynes. Antes hemos escrito que sostiene que si el ingreso es de 100, el consumo 80 y el ahorro 20, cuando el aparato estatal “invierte”, por ejemplo, 4 se genera un “efecto multiplicador” ya que se convertiría en 20 puesto que 100 dividido por 20 da por resultado 5 y 5 multiplicado por 4 es 20. Realmente no se comprende el razonamiento que ni Keynes ni ningún keynesiano aclaró nunca. Sin embargo, queda mucho más clara y precisa su exposición en  la misma obra cuando sostiene que “la prudencia financiera está expuesta a disminuir la demanda global y, por tanto, a perjudicar el bienestar” y, sobre todo, cuando concluye que debe apuntarse a “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de escasez del capital”.

Nuevamente reitero lo citado también con anterioridad sobre lo escrito por el propio Keynes quien reconoce la filiación de sus propuestas, lo cual ha sido mencionado por el premio Nobel en economía F. A. Hayek en “The Keynes Centenary: The Austrian Critique”, The Economist, junio 11 de 1983, (recopilado en The Collected Works of  F. A. Hayek, en el volumen IX titulado Contra Keynes and Cambridge, Chicago, The University of Chicago Press, 1995). Así, en el prólogo que redactó Keynes para la edición alemana del libro mencionado, en 1936, en plena época nazi, escribió: “La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissez-faire”.

Es muy común el mantener que como políticas anticíclicas o contracíclicas, el gobierno debe incrementar su gasto -muchas veces descripto como inversión- en épocas de recesión, sin percatarse que esto solo agudiza la mala situación económica puesto que se incrementa la succión de recursos del sector productivo. Es que en estos procesos no hay magia posible, la receta para maximizar el progreso consiste en contar con marcos institucionales civilizados que garanticen los derechos de las personas al efecto de liberar energía creadora.

También la peregrina idea de que la inversión privada es improductiva constituye parte de la fundamentación de la llamada “inversión pública” a los efectos de “hacerla productiva”, formulación que viene de los mercantilistas del siglo XVI y que se sigue repitiendo como si fuera una originalidad popularizada luego por Thorstein Veblen y más adelante por John Kenneth Galbraith. Este último autor insistió en que las inversiones de los particulares no son en necesidades reales puesto que están manipuladas por la publicidad ni son productivas porque el sujeto aislado no tiene la visión de conjunto que tienen los planificadores del gobierno. Sin duda, que Galbraith no considera irreal la compra de su best-seller La sociedad opulenta ni contempla que son precisamente los precios de mercado los que permiten coordinar información y conocimiento disperso, una situación que es dislocada una y otra vez cuando los megalómanos pretenden dirigir vidas y haciendas ajenas.

En resumen, la naturaleza de la inversión se asimila a lo subjetivo y voluntario en el contexto de la estimación de valores presentes y futuros, es por ende impropio aludir a la inversión pública o forzosa como lo sería aludir al amor forzoso. En nada cambia lo dicho si las mayorías en las legislaturas votan “inversiones públicas” puesto que el número no modifica la realidad. Siempre recuerdo que en la Convención Constituyente en Santa Fe (Argentina) de donde surgió la Carta Magna provincial en 1921, los constituyentes se embarcaron en una discusión paralela sobre la existencia de Dios, tema que fue sometido a votación en el recinto… la cual se pronunció por la negativa.