Por: Alejandro Fargosi
La Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno, porque no era la vía procesal que correspondía: siendo un fallo de Cámara, solo existía la posibilidad legal de rechazar el recurso.
Eso es lo que decidieron unánimemente. Pero sólo tres de los jueces supremos -los doctores Argibay, Fayt y Petracchi- se limitaron al tema, como ha sido costumbre en la Corte.
Otros tres -los doctores Lorenzetti, Highton y Maqueda- además evaluaron cuál era la alternativa, indicando el recurso extraordinario y agregando la premura del asunto. Ahorael Gobierno sabe oficialmente qué debe hacer y la Cámara está sugerida a conceder el extraordinario, cuando no es claro que una medida cautelar como la dictada por la Cámara pueda justificar ese recurso ante la Corte. Veremos qué ocurre.
El séptimo voto -el doctor Zaffaroni- rechazó el recurso estatal pero agregó un rarísimo y sobreabundante párrafo en el que, usando la terminología del Gobierno, dejó abierta la posibilidad de que la Cámara se haya “alzado” contra la Corte.
En las actuales circunstancias, cuando todo el Gobierno se ha encolumnado tras el ministro de Justicia en presionar al Poder Judicial, quienes estamos en este tema -todos- debiéramos respetar a la Justicia y medir nuestras palabras para que nadie crea que en la Argentina se va a perseguir a los jueces por el contenido de sus sentencias.
Ni siquiera por las sentencias que discrepen con las de la Corte.
El Consejo de la Magistratura no ha acusado a ningún juez por el sentido de sus fallos, ni lo va a hacer.
Primero, porque no corresponde, como lo han dicho hasta la redundancia la doctrina y la jurisprudencia. Y segundo, porque el Gobierno no tiene mayoría suficiente para iniciar un “jury” por su propia voluntad, ni la va a tener.
Resumiendo: es positivo que los litigios se resuelvan en la Justicia y no en el Gobierno, porque lo manda el art. 109 de la Constitución. Y es positivo que los jueces sepan que están seguros. No contra las presiones, a veces inevitables, pero sí contra las sanciones, porque para evitar el atropello a los jueces está el Consejo de la Magistratura.