Por: Alejandro Fargosi
En su discurso del 1º de marzo, la presidenta dedicó muchos juicios a la Justicia o, más bien, contra la Justicia. Sigue sin admitir obediencia a las sentencias judiciales, ni celeridad en la remisión de los candidatos ternados al Senado, ni la conveniencia de crear más juzgados, sobre todo penales, para combatir una delincuencia que ataca a todos los argentinos todos los días, en vez de opinables cámaras de casación para aislar a la Corte.
La supuesta democratización esconde una brutal politización de la Justicia, a través de la modificación del Consejo de la Magistratura.
Este organismo fue creado por la Constitución para ser uno de los contrapesos del enorme poder presidencial, que antes elegía a los candidatos a jueces de manera arbitraria. Ahora se los selecciona por concursos públicos que, aun con sus defectos, son mejores que el sistema anterior.
Integran el Consejo jueces, abogados, diputados, senadores y un académico, todos elegidos por sus pares, y un representante del presidente.
Es lógico que abogados, jueces y universidades elijan a sus representantes porque son esos sectores de la sociedad los que conocen de leyes, de procesos judiciales y de jueces. Tomar examen a postulantes a jueces, reglamentar temas judiciales y evaluar conductas de magistrados requiere conocimientos, experiencia y entrenamiento.
Que las votaciones sean dentro de esos estamentos tiene dos causas clarísimas: dentro de cada sector es más fácil -y así ocurre- que todos se conozcan y los elegidos no lo son tanto por sus promesas como por sus características personales. Y si se los eligiese por sistemas generales, nacionales o locales, sólo podrían competir candidatos apadrinados por partidos políticos, desapareciendo la independencia y profesionalidad de tres sectores que deben interactuar con la política pero no ser absorbidos por ella.
Con la propuesta de la presidenta se lograrán sólo resultados nefastos: ingresarán al Consejo personas sin idoneidad para lo que deben hacer porque no saben de leyes, ni de administración de Justicia, y además serán solo personeros del o de los dos partidos dominantes, con lo que la profesionalidad y la independencia desaparecerán por completo.
El Consejo de la Magistratura será así otra institución a reconstruir cuando cambiemos de gobierno en 2015. Mientras tanto, más oportunidades perdidas para todo.