Ayer el Senado sancionó los proyectos de leyes de reformas al Consejo de la Magistratura y de nuevo régimen de medidas cautelares.

No es la primera vez que un Congreso democrático sanciona leyes inconstitucionales, pero sí es la primera vez que demuele el sistema constitucional tripartito y concentra todo el poder en el Ejecutivo.

La gravedad institucional que tiene lo sucedido ayer es tanta que muchos todavía no la han podido comprender, precisamente porque es una enormidad.

¿Y ahora? ¿Nos convertimos en las “viudas” de la Constitución?

De ninguna manera: hoy, el día después de semejante atropello, tenemos que retemplar y aumentar la lucha para que el kirchnerismo no arrase con la Constitución, quedándose con todo y dentro de ese todo, con nuestra libertad.

Ahora quienes deben actuar son los jueces. Varias ONG, colegios profesionales, las Naciones Unidas, el periodismo, todos los partidos políticos y, por supuesto, los miembros minoritarios del Consejo de la Magistratura, nos enfrentamos al gobierno, pero la dura ley de los votos y una lamentable disciplina partidaria fueron más que todos esos esfuerzos.

Esto explica por qué la Constitución otorga a los jueces la facultad y el deber de declarar inconstitucionales las leyes que la violen.

Llegó la hora decisiva y será la Justicia la que deberá cuidar de la Justicia, sin caer en la tentación de dilaciones formales ni argumentos insostenibles que cuestionen verdades notorias, disimulando una cobardía incalificable.

La Constitución, varios tratados internacionales y el Código Procesal permiten que cualquier juez declare casi de inmediato la inconstitucionalidad de estas reformas y también que, previamente, dicte una medida cautelar que suspenda la parodia de elecciones a las que quiere llegar el gobierno. Para eso deberá declararse la inconstitucionalidad del régimen de cautelares, lo que también es posible de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestros tratados y leyes.

El único ingrediente que falta es que uno o más jueces y, en definitiva, la Corte Suprema, estén a la altura de las circunstancias.

Debemos confiar en que no predominarán los poquísimos jueces que creen en estas reformas, con la estéril convicción de que la suma del poder público será bien usada por el gobierno o al menos, que no será usada contra ellos.

La historia nos ha enseñado demasiadas veces que  estas aventuras todopoderosas no terminan bien, lo que desembocó en el constitucionalismo moderno y la división de poderes que ahora el cristinismo quiere suprimir.

La decisión la tienen los Jueces pero cada uno de nosotros puede hacer algo, apoyando por todos los medios posibles a quienes deben asumir la carga de enfrentar al gobierno. El apoyo puede ser desde el aliento amistoso hasta el control exigente.

Nadie puede quedarse con los brazos cruzados porque ayer se sancionaron leyes que aniquilan nuestro sistema constitucional y barren con la independencia de la Justicia.

Si no se anulan esas leyes, absolutamente todos los habitantes de nuestro querido país pagaremos las consecuencias. Los jubilados que deberán olvidarse de sus reclamos, las futuras víctimas del futuro corralito al que llegaremos inexorablemente perderán sus ahorros y hasta quienes crean en los bonos del inmoral blanqueo decidido por el gobierno verán en qué termina su especulación blanqueadora.

Ahora debemos demostrar que somos ciudadanos en serio.