Por: Alejandro Fargosi
La historia que todos conocemos es fácil de resumir: nombrado por orden de Néstor Kirchner al frente de la fiscalía especial AMIA, Alberto Nisman investigó durante años el mayor atentado sufrido por la Argentina. Pero posteriormente, la presidente Cristina Kirchner cambió el criterio de su predecesor -y marido- y, en trámite exprés, firmó e hizo aprobar con la obediencia (in)debida de sus legisladores, un tratado con Irán, que fue declarado inconstitucional, donde sacrificaba nuestra soberanía judicial por primera vez en la historia. En un momento dado, el fiscal Nisman denunció a la Presidente, a su canciller y a un grupo de para-funcionarios, por encubrimiento a favor de acusados por la masacre de la Amia, precisamente a través de ese tratado. A los pocos días, el fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Pocos días después, el fiscal Pollicita apoyó la denuncia de Nisman y pidió 46 medidas de prueba.
Pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.
Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal German Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.
Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o mejor dicho, que empiece, la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y al fiscal Nisman.
Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase “B”, en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad, y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.
Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación y hasta lo que decida ésta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del “per saltum”.
Recordemos que el sistema de aplicación de las leyes, aquí y en todo el mundo, depende de hombres que tienen debilidades humanas y por eso se superponen etapas apelativas, para al menos reducir el riesgo inevitable del error. Espontáneo o inducido, claro.
El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá, y si Casación revocará las lamentables decisiones de primera y segunda instancias, que nos niegan a todos los argentinos, saber si la denuncia de los valientes Nisman, Pollicita y Moldes contra la presidente y su grupo, tenía fundamento o no.
Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una buena vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país.
Es inadmisible desde todo punto de vista que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.
La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una República: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes.
Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del “per saltum”, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo, porque repitámoslo hasta el cansancio: lo que menos necesita la Argentina es que sigamos con una impunidad que nos mata.