Llegó finalmente a Diputados, para su tratamiento, el proyecto, que ya cuenta con la media sanción del Senado de la Nación, para prohibir despidos en el ámbito público y privado por 180 días. La ley, en una eficaz dosis de cinismo y desvergüenza, le ofrece al despedido la posibilidad de elegir entre ser reincorporado inmediatamente o que se le abone una doble indemnización. Este proyecto, como tantos otros, refuerza la idea de que sería bueno que quienes ejercen un cargo público hayan emprendido previamente algún proyecto privado para que así cuenten con una mínima idea de lo que significa hacerlo.
Las leyes no pueden transformarse en un cúmulo de buenas intenciones y mucho menos si con ello perjudican lo que supuestamente quieren proteger, en este caso, el trabajo. No es posible que tengan como leitmotiv esencial resultar agradables a la opinión pública biempensante. Así, no solamente crean falsas expectativas sino que ingresan medidas distorsivas en un mercado que siempre va a escapárseles por la tangente.
Durante 12 años han probado todo tipo de reglas para prohibir o exigir al sector privado determinadas cosas a la sola voluntad del gobernante y si hay algo que quedó claro, es que los resquicios aparecen, como así también las consecuencias indeseadas. No les alcanza con observar el rotundo fracaso de las economías con planificación centralizada, pretenden seguir intentando con medidas menos extremas pero igual de ineficaces y, en la mayor parte de los casos, altamente nocivas.
El Presidente ha acertado en llamar a esta ley como “cepo al empleo”. El parecido con las prohibiciones a la compra de dólares o al giro de dividendos ejecutados por el Gobierno de Cristina Kirchner es notable, aunque el tema aparezca como más humano. El massismo, en sus referentes más reflexivos, como Roberto Lavagna, se opuso a ambos proyectos, pero primó finalmente esa veta populista que Sergio Massa deja entrever de cuando en cuando y que le permite, en este caso, satisfacer al sector sindical de su propio Frente Renovador (¿qué sería lo renovador en este caso?).
Parecen verdades de Perogrullo, pero ante este nuevo embate de leyes paralizantes, vale la pena preguntarse y reflexionar sobre qué es lo que genera empleo aquí y en cualquier parte del mundo: la actividad económica. ¿En qué aspectos debe trabajar la Argentina para darle impulso a una economía que lleva cuatro años de estancamiento? Algunas cuestiones estructurales ya se hicieron y se siguen haciendo, como la salida del cepo, el acuerdo con los holdouts, el control de la emisión para comenzar a darle una batalla en serio a la inflación, el restablecimiento de relaciones con el mundo y más. ¿Falta? Muchísimo y en eso tienen vital tarea los legisladores. Su paso por el Congreso de la Nación puede tener un sentido constructivo en la regeneración económica que el país necesita. ¿Por qué no revisar los impuestos al trabajo que hacen que cualquier empresario piense una y mil veces antes de tomar un nuevo empleado? ¿Por qué no revisar todas aquellas leyes y reglamentaciones que dificultan el inicio de nuevos emprendimientos? ¿Por qué no trabajar sobre todos los impuestos distorsivos que ponen recursos en manos ineficientes? Es probable que en esta quita de impuestos tengan la renuencia de un Estado federal que necesita cerrar la brecha fiscal pero esa discusión sí sería saludable, porque estaría buscando las formas más adecuadas para recuperar la senda del crecimiento.
Sería grato que en un país con los problemas que tiene la Argentina el debate pasara por cómo mejorar la productividad de nuestras empresas, por investigar qué sectores nos brindan ventajas para ser competitivos, por ver cómo podemos integrarnos y también competir más y mejor con el mundo. También sería interesante debatir sobre la cultura laboral de un país que hace un siglo que indaga los mecanismos para volver a su época dorada. ¿Por qué será que los empresarios buscan el contacto fluido con el sector público más que la mejora en la productividad de sus empresas? ¿Por qué los sindicatos plantean las relaciones laborales como una puja de intereses contrapuestos, cuando deberían pensar en una asociación con el sector empresario? ¿Por qué el ausentismo laboral en Argentina es notablemente superior al resto de los países de la región y alcanza casi el diez por ciento? ¿Qué sucede con los certificados en la medicina laboral, que son a pedido del paciente? Creer que todo esto no influye en el crecimiento económico de un país y en el desarrollo personal de sus habitantes es como pretender jugar profesionalmente a un deporte sin entrenarse para ello.
El día previo a la multitudinaria movilización organizada por los líderes sindicales, un pope del gremio en la zona se comunicó con uno de los dueños de una pyme ligada a la industria del plástico para solicitarle trabajadores de su fábrica para asistir a la movilización. Acostumbrado a este tipo de pedidos, el empresario le prometió darles el día libre a los delegados para que pudieran ir. Sin embargo, en esta ocasión el pedido era por más trabajadores. Que esto frenara la producción entera de la fábrica no resultó de su incumbencia, la misión era cumplir con el plan de los jefes, que querían marcar la cancha a pocos meses del inicio del nuevo Gobierno.
Sería un interesante ejercicio para la sociedad comprender que muchas veces, con la apariencia de pelear por sus derechos, lo que en realidad están haciendo sus dirigentes políticos y sindicales es tratar de reposicionarse en el escenario político. En ocasiones, con simples declaraciones que no afectan mayormente sus empleos, pero a veces con acciones o proyectos que, escudados en la defensa del trabajador, no hacen más que alejarlos del objetivo central que todos ellos persiguen: mejorar su calidad de vida.