El 5 de octubre de 1975 el Regimiento de Infantería Monte 29, ubicado en Formosa, sufrió el ataque de subversivos pertenecientes a la agrupación Montoneros. En ese episodio fueron asesinados 10 conscriptos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, es decir que estaban cumpliendo con la ley. Tenían entre 20 y 21 años de edad.
Los legisladores argentinos acaban de dejar de lado un proyecto de ley que proponía una reparación para los deudos de aquellos jóvenes que vieron trunca su vida porque así lo había dispuesto un grupo de alucinados ideológicos.
Cabe aclarar que en 1975 estaba en funciones un gobierno constitucional peronista que encabezaba la señora María Estela Martínez de Perón, como consecuencia de la muerte de Juan Domingo Perón.
En cambio, los diputados convirtieron en ley el proyecto para otorgar pensiones a ex presos políticos, o sus herederos, que hubieran estado detenidos hasta el 10 de diciembre de 1983 cuando asumió el gobierno el doctor Raúl Alfonsín. La iniciativa se aprobó por abrumadora mayoría y sin que hubiera debate previo.
De ahora en más, esos ex presos políticos, o sus herederos, están en condiciones de cobrar una pensión vitalicia mensual de entre 5.000 y 6.000 pesos.
El proyecto original establecía que sólo podían acogerse a ese beneficio aquellos que hubieren sido perjudicados a partir del 24 de marzo de marzo de 1976, cuando los militares dieron el golpe de Estado e inauguraron una cruenta dictadura. Pero ante la reacción que ello produjo entre los “compañeros”, la fecha se estiró hasta el 6 de noviembre de 1974, cuando el gobierno constitucional de la señora de Perón decretó el estado de sitio y aplicó la ley antisubversiva.
Sin embargo ello tampoco fue del agrado de los “compañeros” porque muchos quedaban fuera del beneficio. Así las cosas, se dispuso lisa y llanamente eliminar la fecha de inicio para el otorgamiento de la pensión graciable. Serán entonces la Secretaría de Derechos Humanos la que decida caso por caso, luego de un exhaustivo análisis, a quién le corresponde cobrar y a quién no. Algunos hablan de 2.000 personas; otros de 15.000. Vaya uno a saber. Eso sí, los que actuaron antes del golpe militar tendrán que demostrar fehacientemente que se levantaron en armas contra un gobierno constitucional.
La cuestión de la fecha de inicio del beneficio se dejó abierta para que sea más abarcativa. Pero también está claro que no se quiso entrar en un terreno resbaladizo. Si se admitía explícitamente la fecha del 6 de noviembre de 1974, se estaba aceptando que hubo violación a los derechos civiles y políticos durante un gobierno justicialista.
Como se verá, los legisladores tuvieron en cuenta todos los detalles. Pero se olvidaron de considerar la situación de los deudos de los 10 jóvenes que fueron asesinados en Formosa.