“Un Señor que actúe con prudencia no puede ni debe observar la palabra dada cuando vea que va a volverse en su contra y que ya no existen las razones que motivaron su promesa”. Así lo expresa Nicolás Maquiavelo en su libro El príncipe, capítulo XVIII, titulado originalmente “Quomodo fides a principibus sit servanda”.
No se sabe si Mauricio Macri y su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, han leído los consejos que el famoso florentino escribió en 1513. Pero sí está claro que no han mantenido su palabra.
Hace apenas seis meses el gobierno porteño se opuso tenazmente a que la estatua de Colón fuera trasladada de su emplazamiento ubicado detrás de la Casa de Gobierno, tal como había dispuesto la presidenta Cristina Kirchner. “Si dejamos que esto pase, mañana nos afanan el obelisco”, decía enfáticamente Rodríguez Larreta en junio último. Pero la sorpresa de estos días es que el gobierno de Macri ha aceptado el traslado a otro lugar de la ciudad de la estatua que fue donada por los inmigrantes italianos al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo. La ley nacional que aceptó la donación determinó específicamente dónde debía estar emplazado. “No se puede violar una ley”, recordó un representante de la Asociación Italiana de Socorro Mutuo y Cultura Nazionale.
Esa actitud se inscribe en un contexto de evidente acercamiento entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional.
La evidencia más notoria es el acuerdo de Macri y Cristina Kirchner para eximir de una deuda impositiva de aproximadamente 2.000 millones de pesos a los casinos porteños que maneja Cristóbal López a los que también exceptúa de pagar ingresos brutos en el futuro. En el gobierno porteño dicen que se hizo a cambio de elevar del 35 al 50% el monto que anualmente le transfiere la Lotería Nacional de las ganancias del juego y de que los concesionarios paguen un canon específico a la Ciudad equivalente al 3 por ciento de las utilidades líquidas. ¿Y los 2.000 millones?
Más allá de los eventuales beneficios, si los hubiera, está en cuestionamiento el procedimiento utilizado. Macri mandó el proyecto un viernes a la noche y fue aprobado a libro cerrado por los diputados porteños de PRO y del kirchnerismo. Ninguno de esos legisladores pidió la palabra para defender lo que se estaba tratando. Se aprobó en menos de 15 minutos.
Lo más notable es que el macrismo hizo caso omiso de un dictamen previo de su propio procurador general, Julio Conte Grand, donde señalaba que para aprobarlo no alcanza con una sesión ordinaria, sino que hay que convocar a una audiencia pública tras lo cual los legisladores deben considerar el texto en segunda instancia. El procedimiento de doble lectura está regulado en el artículo 90 de la Constitución porteña, que establece cuatro pasos de los cuales sólo se cumplió uno: el de la aprobación inicial por la Legislatura. No hubo despacho previo de comisión, no hubo publicación ni convocatoria a audiencia pública y no hubo segunda lectura. En la parte final del mencionado artículo 90 se indica: “Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera éstas serán nulas”. La Justicia porteña también está cuestionando el convenio.
Macri llegó a un acuerdo con Cristina Kirchner, pero para cumplirlo desoyó el principio de que los actos de gobierno deben ejercitarse con el consentimiento de los gobernados, tal como lo expuso John Locke (1632-1704).