En los últimos días se han conocido públicamente algunas cuestiones que conviene analizar para entender mejor qué está pasando en la Argentina.
El juez Eugenio Zaffaroni anunció que el año próximo, cuando cumpla 75 años, dejará la Corte Suprema de Justicia. Agregó que ése es el límite de edad, pero lo que mayor sorpresa causó fue cuando dijo que “los cargos en una república tienen que ser por un período de tiempo y luego deben terminar. La ‘vitalicidad’ es una característica monárquica y no republicana”. Cabe preguntarse aquí si Zaffaroni le hizo llegar en su momento a la Presidenta este pensamiento que alude a la falta de actitud republicana por parte de quienes quieren mantenerse eternamente en el poder. Hasta antes de las elecciones varios de los personajes que se adjudican conocer el pensamiento presidencial expresaron la intención de ir por una re-reelección, contrariando el mandato constitucional.
Es conocido que Zaffaroni es un juez que siempre se mostró muy cercano al ámbito oficial, a tal punto de que uno de los invitados a la reunión que él organizó por su cumpleaños fue el vicepresidente Amado Boudou, involucrado en varias causas judiciales.
Los 75 años es la edad máxima de un juez de la Corte, según una reforma introducida en la Constitución.
Zaffaroni habló de temas políticos y aseguró que “la policía es la que da hoy los golpes de Estado”, y reclamó un duro control político sobre esa fuerza. Agregó que la policía tiene “fuentes de recaudación propias” y que los políticos “tienen miedo y creen que arreglando con la cúpula resuelven los problemas”. Sería interesante conocer la opinión de los gobernadores y de los ministros de seguridad provinciales sobre las expresiones del magistrado.
Otra cuestión que tomó estado público fue la expulsión del periodista Antonio Laje del canal C5N por informar acerca de la falta de respuesta por los últimos cortes de luz y sus consecuencias. Fue acusado de golpista y de estar incendiando el país.
Estas acusaciones le fueron expresadas por Fabián De Souza, el más alto directivo de la empresa que pertenece a Cristóbal López, un empresario allegado al Gobierno. Pero lo más llamativo fue cuando De Souza le dijo que en el Gobierno “había una guerra de inteligencia”, según contó Laje, quien consideró que López “compra medios de comunicación para protección futura”.
Los argentinos no sabíamos que dentro del Gobierno hay una guerra de inteligencia, pero ahora podemos interpretar mejor la decisión presidencial de nombrar como jefe del Ejército al general César Milani, un especialista en el tema, quien virtualmente se habría hecho cargo del manejo de la inteligencia en las tres Fuerzas Armadas.
Entretanto, el nuevo titular de la Secretaría de Programación de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el sacerdote Juan Carlos Molina, denunció las irregularidades y los desmanejos económicos que encontró en la cartera.
Entre otras cuestiones mencionó el nombramiento de “directores de áreas designados con una simple resolución del subsecretario, que cobraban sueldos de hasta 27 mil pesos y realizaban contrataciones irregulares por 800 mil pesos”. También denunció gastos de 90 mil pesos en almuerzos en la zona del microcentro porteño, y la compra de un horno pirolítico que se utiliza para la quema de drogas “que figura en la memoria de 2012 y nadie sabe dónde está”.
Asimismo, señaló que encontró virtualmente paralizado el Registro Nacional de Precursores Químico (Renpre), con 1.500 expedientes “frenados”, tanto para operadores del mercado interno como para operaciones de comercio exterior y que a su vez “no se cumplió con ninguna meta en lo referido a fiscalizaciones y auditorías”.
A nadie escapa que estos datos son fundamentales para llevar adelante una exitosa lucha contra el narcotráfico.
La reflexión final que nos queda es la siguiente pregunta: ¿alguien irá preso alguna vez?