Por: Alicia Ciciliani
Los debates vinculados con la despenalización del consumo de drogas y el uso médico de la marihuana reflejan nuevos horizontes que atraviesan la problemática de la droga; no sólo en la Argentina, en el mundo hay una necesidad de encarar este tema desde otro paradigma, jerarquizando la salud y los derechos humanos.
Las personas de menores recursos, que recaen en la necesidad del narcomenudeo, se imponen como el eslabón más débil en esta cadena de intercambios. Si miramos la composición de nuestros presos en las cárceles, son mayormente varones, jóvenes y pobres. De modo que las políticas actuales terminan con el sujeto más débil, que es el más visible y el más fácil de perseguir, sin alterar realmente las estructuras criminales, lo que permite el avance de los grandes productores y los traficantes. Atacando este eslabón no vamos a tener resultados, sólo obtendremos encarcelamientos masivos, lo que incrementa el número de víctimas.
Asimismo, me gustaría hacer énfasis en la expresión “guerra contra las drogas”, que impulsó el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en los setenta para imponer una perspectiva punitiva y represiva que en América Latina sólo logró perseguir y encerrar a los destinatarios últimos, a mulas y consumidores. Bajo la premisa de guerra se han permitido violaciones a los derechos humanos con intervención de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Considero que la lucha contra el narcotráfico en términos de guerra está perdida. Hemos visto cómo, desde que fue declarada la batalla hasta el momento, nada ha cambiado o más bien varias cosas ha empeorado: siguen cayendo personas en las garras de asociaciones criminales y delictivas que han alcanzado tanto poder como dinero han obtenido, lo que permite que la droga se filtre en la democracia de algunos países y se financie a Estados corruptos. En las últimas décadas, el abordaje militarizado ha generado altos niveles de violencia y sirvió para impulsar políticas públicas de mano dura. Este enfoque ha causado más daño, violencia y muertes que las propias sustancias ilícitas.
Un informe de Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés) sobre mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento permite visualizar cómo en nuestro país, al igual que en Brasil y en Costa Rica: “El 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas”, la mayoría con bajos niveles de estudio, que cumplen el rol de jefas de hogar y en situaciones de gran pobreza. Estas mujeres son utilizadas como correo humano, mulas o venta al menudeo, que se someten ante la necesidad de una salida laboral, y es sobre quienes tienen mayor impacto las leyes de mano dura.
En Argentina, en el período 1989-2008 aumentaron en un 271% los encarcelamientos como consecuencia de la aplicación de penas desproporcionadas. Mientras se incrementa la población encarcelada por delitos no violentos, las organizaciones criminales a cargo del tráfico de estas sustancias no sólo no han sido debilitadas, sino que han demostrado su gran capacidad de penetración en distintos ámbitos de las instituciones estatales.
Sin embargo, existe un amplio consenso internacional creciente a nivel mundial que está augurando un nuevo paradigma; una nueva perspectiva asoma y propone revertir este planteo punitivo y persecutor del consumidor hacia uno de contención sanitaria y educacional que aborde la complejidad de la situación. Que permita contemplar a los consumidores en campañas de prevención y tratamiento, considerarlos como pacientes en vez de criminales. El acceso a un servicio de salud adecuado es uno de los mayores desafíos.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, un número importante de consumidores pierde la vida por la falta de atención a situaciones que son fácilmente prevenibles. El gasto mundial en represión a las drogas ronda los cien billones de dólares, mientras que sólo una de cada seis personas que tiene un uso problemático con las drogas accede al sistema sanitario. Asimismo, la producción de opio alcanzó sus niveles más altos en los últimos treinta años, pero hay 5,5 millones de pacientes de cáncer terminal que no tienen acceso a medicamentos derivados del opio. Y casos como el de la fiesta electrónica Time Warp reflejan el incremento constante de sustancias psicoactivas que se distribuyen y comercializan a gran escala.
En estos momentos, en Nueva York, a pedido de los ex presidentes de Colombia, Guatemala y México, se está desarrollando una sesión especial sobre drogas para evaluar el avance del narcotráfico y las fallas que reflejan las políticas actuales. Esta sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass, por sus siglas en inglés) tendrá lugar por primera vez en 20 años, sobre “la guerra contra las drogas y la necesidad de un cambio de paradigmas”. Los 193 países miembros de la ONU decidirán las bases de un nuevo enfoque a nivel mundial, que revea la política actual y plantee nuevas metas para afrontar de manera más eficiente la problemática.
En América Latina, Uruguay se está acercando a nuevas posibilidades. La experiencia de 2013 en Uruguay con la legalización de la marihuana se inscribe en esta tendencia que propicia un cambio de paradigma.
Es el momento de pensar soluciones para afrontar la gravedad del problema que tenemos hoy, con un enfoque estratégico que permita abordar un tema tan complejo. La Argentina tiene la oportunidad de reformar el paradigma represivo imperante denominado “guerra contra las drogas” y caracterizado por la criminalización y el castigo, para avanzar hacia un nuevo régimen de control que priorice la salud y los derechos humanos. ¿Estamos preparados?