En días del Bicentenario de aquélla Asamblea de 1813, pionera en derechos humanos, en el parque celebratorio del primer Centenario se vivían escenas de violencia, intolerancia y represión que nos preocupan.
Hemos presenciado un fuerte disenso vecinal respecto de las rejas, y ninguna mediación para el diálogo. Seguramente muchos creen que enrejar es una solución al vandalismo y la depredación que se viene sufriendo en los parques, pero también otros muchos exigen que haya libertad en el espacio público para su esparcimiento. Cuesta creer que en un parque tan grande como el Parque Centenario no se puedan acordar los lugares para conformar a todos o casi todos los sectores.
En cambio se vio al mismo funcionario con la misma inflexibilidad que ya había mostrado en las calles Florida y Perú al desalojar agresivamente a los vendedores informales y convocando a la policía para que reprima, decomise sus mercancías y los estigmatice como “ilegales”, lo que equivale a “delincuentes”.
El derecho a comprar y vender es constitucional, además de universal y existir desde el tiempo de los fenicios. No es ilegal, excepto que se vendan cosas robadas a sabiendas. Los funcionarios debieran saber que las normas que regulan el espacio público son de rango inferior a la Constitución. Y que un parque es un lugar donde las personas tienen derecho a ejercer sus derechos.
Los llamados “manteros” son trabajadores informales, irregulares. Bastaría con regularizar sus situaciones -aunque dé mas trabajo que reprimir- asignando los espacios y paulatinamente abordar un problema social que es obvio y creciente en tanto el trabajo formal disminuye y aumenta la pobreza. Sin embargo, aun siendo irregulares, los manteros son trabajadores, y a quienes trabajan y no salen a robar, hay que protegerlos, ordenarlos legalmente y no llamar a la policía que, para colmo, actuó brutalmente.
El Centenario fue un lamentable espectáculo de intolerancia y ausencia de conducción democrática, para finalmente -como siempre- terminar poniendo en manos de jueces el conflicto que debió haber sido previsto y encauzado cívicamente por el área ejecutiva.
Por favor, reflexionen: hay otros métodos para abordar la conflictividad social, es usando las herramientas de la democracia.