La noticia es tan conocida como reiterada: el gobierno sigue apelando los fallos en primera instancia en favor de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política.
Desde que se estatizaron los fondos previsionales señalamos que el kirchnerismo privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Hoy prefieren seguir financiando todo tipo de proyectos ajenos al sector como ATUCHA II, los planes de viviendas destinados a alinear intendentes, las obras de infraestructura con fines electorales y, también, como caja sostenedora de bonos públicos.
Recuerdo muy bien que, cuando insensiblemente vetaron la ley que legítimamente había sancionado el Congreso de la Nación que garantizaba el derecho constitucional de cobrar el 82% móvil a nuestros jubilados, nos dijeron que lo hacían para que no quiebre el Estado, nos mintieron; están manejando arbitrariamente esos fondos y vaciando la ANSES.
Esta insensibilidad también quedó demostrada cuando la Presidenta comparó los juicios de los jubilados por la mala liquidación de haberes con los juicios llevados adelante por los conocidos como fondos buitres, demostrando una falta de respeto muy grande hacia todo el sector pasivo menospreciando el derecho que tienen los jubilados de cobrar lo que les corresponde.
Es injusto desde todo punto de vista que se los obligue a judicializar sus demandas, haciéndoles perder un tiempo irrecuperable en una etapa complicada de la vida de una persona que trabajó por más de 30 años. Hoy tenemos casi 60.000 fallos apelados por el estado, el mismo que se comprometió a no hacerlo ante la Organización de Estados Americanos.
Esta situación se está convirtiendo en un martirio tanto para los jubilados que consiguieron que la justicia avale sus pedidos como para los cientos de miles que están en proceso. Necesitamos darle una salida inmediata a este problema. Lo ideal sería que se extienda la doctrina de la Corte Suprema de la Nación sobre la actualización de haberes a todos los jubilados para evitar más juicios.
Además, hay otros caminos inmediatos. En la Coalición Cívica presentamos un proyecto de ley que permite a los jubilados que obtuvieron un fallo de la justicia embargar ese dinero de los fondos de la ANSES que no estén afectados a sueldos.
En el Congreso podemos encontrar una solución, pero lamentablemente hoy no existe la decisión política del oficialismo de hacerlo, ya que siguen optando por usar los fondos de la ANSES para fines políticos y electoralistas. Así en los próximos años será demasiado tarde para ordenar esta situación y los jubilados volverán a ser los perjudicados, porque cuando hubo dinero no quisieron distribuirlo a sus legítimos destinatarios. Esa será una de las grandes deudas que nos dejará esta década de gobierno kirchnerista.