Por: Carlos Mira
La decisión de dejar expresamente fuera del alcance de la moratoria dispuesta por la AFIP a los medios de prensa es lisa y llanamente una confesión de que el gobierno quiere terminar con la opinión independiente. La oleada de ataques que desde hace tiempo se vienen perpetrando, ha ido en un preocupante in crescendo desde las primeras andanadas verbales a la toma de medidas concretas tendientes a hacerlos desaparecer.
Primero se echó mano del uso discriminatorio de la pauta pública (compuesta por dinero que aportan los argentinos de todas las ideas a través de sus impuestos) que fue dirigida a financiar a los medios amigos del gobierno o a los directa o indirectamente, comprados por éste. Se trata de un abuso tan evidente que no merece explicación alguna: utilizar los fondos que ingresan millones de personas de distinto pensamiento para fondear el pensamiento único, no es posible en ninguna democracia.
Luego, llegaron los intentos de aplicar la inconstitucional ley de medios para obligar a distintas empresas periodísticas al desguace retroactivo de sus propiedades contra todo el sentido del derecho de propiedad protegido por la Constitución. Este capítulo estuvo envuelto de una épica casi demencial, cuando se pretendió hacer de esta batalla, poco menos que una cruzada nacional.
A este intento se sumo la extorsión por Papel Prensa en la que no se dudó, incluso, en jugar con el tema de los derechos humanos como si fuera una ficha de casino, teniendo al país en vilo con acusaciones cruzadas y echando tierra al honor de las personas como ya se lo había intentado tiempo atrás con los hijos adoptados de la señora de Noble.
Luego se pasó a los métodos cuasi mafiosos de citar a empresarios para conminarlos a no hacer publicidad en determinados medios, simplemente mediante la emisión de una orden verbal y bajo amenaza de iniciar alguna persecución contra esas empresas avisadoras en caso de no cumplir con la “sugerencia”. Esta decisión ha causado serios trastornos en la economía de los diarios, privados prácticamente de todo ingreso. Sumado a este estrago, la ciudadanía debe soportar la cargada de los funcionarios de la Secretaría de Comercio que dicen que los anunciantes han retirado sus avisos “voluntariamente”. Francamente no debe haber registro de una “casualidad temporal voluntaria” tan llamativa como ésta.
Y ahora, en un arrebato que derriba el principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución, se hace una excepción puntual a la aplicación de una resolución genérica de la AFIP que otorga un plan de facilidades para pagar impuestos a todos, menos a los medios de prensa.
Obviamente, no puede explicarse esta decisión de no aplicar una ley igual para todos, de no ser por el confesado objetivo de perseguir a la prensa.
En ocasiones, se pueden hacer salvedades para la aplicación de los regímenes de facilidades cuando las deudas hayan entrado ya en una etapa contenciosa y haya juicios abiertos o existan otras consideraciones técnicas puntuales aplicables a algún caso específico. Pero borrar de la lista de los eventuales beneficiarios a un conjunto de personas jurídicas por el solo hecho de desempeñar una actividad determinada, constituye el caso típico de una violación flagrante al artículo 16 de la Constitución porque se está usando un argumento in personae (es decir, decidir algo respecto de una persona por lo que esa persona es o hace) como todo sustento de la diferencia, y la Ley Fundamental prohíbe eso.
Expresamente, en ese artículo, la Constitución dice que “la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas”, de modo que lo decidido ayer es manifiestamente discriminatorio y decidido por las razones que todos conocemos y que son harto evidentes a esta altura.
Y la aplicación de este principio opera con independencia de todo otro evento como podrían ser las propias opiniones “técnicas” de los medios respecto de la utilidad o equidad de una moratoria. Supongamos que un medio de prensa desde sus columnas económicas considere que las moratorias son inapropiadas porque tratan muy injustamente a los que pagan en tiempo y forma o por cualquier otra argumentación que se apoye en las reglas del arte. Aun así la AFIP no podría basarse en eso para excluirlas de la aplicación de una resolución de contenido general.
De lo que hizo la AFIP, a dictar leyes con nombre y apellido (algo evidentemente vedado en una democracia) hay solo un paso. Lo que ocurrió ayer sería la técnica inversa: dictar una norma de aparente aplicación genérica y decir “Fulano de Tal no podrá valerse de los beneficios de esta resolución porque Fulano de Tal es o hace tal cosa”. Lo grave aquí es que la frase “Fulano de Tal” equivale a unos puntos suspensivos a ser llenados con lo que convenga, o con los nombres o actividades de aquellos contra los que se esté en guerra en ese momento. Hoy es la prensa. Mañana puede ser cualquiera.
Lo que viene sucediendo con los medios debería hacer reflexionar a toda la sociedad. Los que no son periodistas o no tienen empresas de medios no deberían sentirse a salvo de futuras resoluciones en donde los “Fulano de Tal” sean ellos. No por trillado debería dejar de anotarse aquí el famoso dicho del pastor Martin Niemöller (muchas veces atribuido por error a Bertolt Brecht): “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista; cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata; cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista; cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío… Finalmente, cuando vinieron a buscarme no había nadie mas que pudiera protestar”.