La Fundación Nuevas Generaciones presentó el martes la tercera edición de su informe anual “Indicadores de Control Legislativo”, en el que se evalúa el resultado de los pedidos de informes que los Diputados realizan al Poder Ejecutivo de la Nación para controlar el desarrollo de su gestión.

En el estudio se recuerda que, por mandato constitucional, el Congreso de la Nación tiene dos funciones muy específicas: legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Para esta última tarea el Congreso cuenta con los pedidos de informes como herramienta fundamental.

Los resultados que arroja el informe son cada año más pobres. Tomando el período 2003-13, podemos destacar los siguientes:

- En dicho período se han presentado en la Cámara baja 10.715 pedidos de informes, y de ellos solamente 1654 fueron aprobados por el plenario de Diputados. Esto implica que solamente se aprobó el 15,4% de los pedidos de informes que se presentaron, una cifra inferior al 17,5% que arrojó la medición publicada en 2012 y al 17,1% publicado en 2013.

- De los 1654 pedidos de informes aprobados entre esos años, solamente 1064 fueron respondidos, esto implica, que entre 2003 y 2013 fueron respondidos un 64,3% de los pedidos y que un 35,7% permanecen sin respuesta.

- De los pedidos de informes respondidos en esos diez años por el Poder Ejecutivo, solamente el 9% recibió la respuesta dentro del mismo año en que fue solicitado. El restante 91% recibió la respuesta fuera de ese plazo.

Analizando específicamente el año 2013, encontramos los resultados más bajos de la historia de este indicador:

- Durante ese año, solamente se aprobó el 0,2% de los pedidos de informes presentados por Diputados de la Nación. O sea, que de 1058, solamente se aprobaron 2.

- En ese mismo año, ninguno de los dos pedidos de informes aprobados fueron respondidos por el Poder Ejecutivo de la Nación. Por lo tanto, el nivel de respuesta llega al 0%, cifra nunca alcanzada en este indicador.

- En materia de temáticas, durante 2013 la mayoría de los pedidos de informes (25%) se centraron en cuestiones vinculadas a la defensa y seguridad, y dentro de ellas, el mayor porcentaje estuvo orientado específicamente al narcotráfico.

Hasta aquí, las conclusiones casi textuales de lo presentado ayer por esta Fundación. Los resultados confirman una vez más, con el valor frío de las estadísticas, el hecho de que el Poder Ejecutivo actúa directamente sin control. A esto debe sumarse la prórroga legislativa que el Congreso le ha dado hasta diciembre de 2015 por la que la Sra. de Kirchner puede gobernar prácticamente por decreto (apoyada en la Ley de Emergencia Económica -cuando por otro lado se dice que, gracias la “década ganada”, estamos en el Paraíso) y la inoperatividad de la mayoría de las agencias de control administrativo, cuyo trabajo ha sido paralizado por el no nombramiento de funcionarios (tal el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, vacante desde hace 5 años y a cargo de un fiscal subrogante completamente inocuo) o por el completo desdén con que se toman sus resoluciones -tal el caso de la Auditoria General de la Nación, encabezada por el Dr. Leandro Despouy, que ha elaborado más un informe alarmante y no ha pasado nada.

También son conocidas las pretensiones que la Presidente tiene respecto del Poder Judicial, es decir, lograr también allí una completa sumisión a su voluntad por la vía de nombrar jueces y fiscales adherentes a Justicia Legítima (una especie de “La Cámpora” judicial), proponer la politización de la justicia, la eliminación de la responsabilidad civil del Estado y la limitación de las medidas cautelares en su contra. Del mismo modo, son públicas las sentencias de la Justicia que el Poder Ejecutivo ignora olímpicamente, como si no se hubieran dictado. Y tampoco pasa nada.

La flagrancia de la aspiración al poder total es de tal magnitud que cuesta creer cómo se pretende seguir llamando al sistema vigente en el país “Estado de Derecho”. Prácticamente ninguna de las características definitorias de ese sistema de vida están en vigor en la Argentina. En el país no gobierna la ley sino la voluntad de un grupo de personas ubicadas en las poltronas del poder que dedican la mayor parte de su tiempo a declararse absueltas de la rendición de cuentas y del control de los poderes públicos.

La contracara evidente de ese régimen es una paralela restricción de los derechos individuales, cuya suerte pende del hilo de la arbitrariedad y de la discrecionalidad de los funcionarios, pero no del Derecho.

Es a todas luces obvio que con estas características la Argentina se haya volcado a una alianza con los autoritarismos de la Tierra (Rusia, China, Venezuela, Cuba, Ecuador, Angola) y plantee una especie de guerra de redención contra el Occidente liberal.

La única incógnita frente a esto es, si más allá de envidias bajas y odios de ignorantes, la gente realmente cree que va a vivir mejor bajo un régimen de esta naturaleza antes que en una democracia verdadera con división de poderes y control absoluto del poder del presidente. Si es así, estamos listos señores. Como diría Alberdi, “el tirano no es la causa sino el efecto de la tiranía”.