Por: Carlos Mira
Durante las sesiones del Parlamento Iberoamericano de La Juventud, llamado “Democracia y Participación Política” en Zaragoza, España, la joven conductora de radio y referente de la cultura en Guatemala, Gloria Álvarez, habló sobre los peligros del populismo para las instituciones democráticas y sobre cómo este las destruye en América Latina.
Álvarez dijo que el populismo busca desmantelar las instituciones para luego “reescribir Constituciones” y acomodarlas a los antojos de líderes corruptos que “tenemos en Latinoamérica”. Criticó el pésimo trabajo que hicieron muchos gobiernos en el pasado y dieron lugar a que líderes populistas ganaran terreno en la población.
Invitó a los asistentes a derrotar esa tendencia a través de la tecnología y la educación, pues considera que la admiración que existe en países como Guatemala por el “régimen cubano, por el régimen venezolano” carece de razón y conocimiento, pues en Latinoamérica pocos son los que reconocen en el “régimen chavista las atrocidades y las violaciones de derechos que se están cometiendo”.
Aclaró que la tendencia populista juega con la necesidad de los “pueblos para imponer una dictadura” anulando la dignidad de las personas, porque es “una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son los que importan a la hora de votar”
Por último propuso desmantelar al populismo utilizando de la tecnología, teniendo como bandera la República para rescatar las instituciones basadas en la razón, la lógica, los argumentos y el intercambio de ideas.
¡Qué oportunas son estas declaraciones en momentos en que en la Argentina, justamente, se quiere introducir una nueva ley de telecomunicaciones para regular Internet! ¡Qué oportunas y que sugestivas!
En efecto, el Gobierno, continuando con su desbocada carrera para sancionar una acarralada de leyes cuyo objetivo triple es limitar el radio de acción de la próxima administración, cubrir sus espaldas judiciales y mantener una porción decisiva de poder, ha presentado -con la clásica escenografía presidencial de crítica a los medios informativos- un proyecto de telecomunicaciones que, entre otras cosas permite el acceso al negocio de la TV por cable de las empresas telefónicas (algo expresamente vedado por la ley de medios) y la regulación del servicio de Internet.
Llama la atención en ese sentido las declaraciones del inefable Sabbatella, que dijo que el proyecto no modificaba ni una sola coma de la ley de medios cuando existe una referencia derogatoria expresa a un artículo y dos incisos de esa ley que, justamente prohibían la prestación de servicios de cable a las empresas de telefonía.
Lo que ocurre con este proyecto es algo que va convirtiéndose en la marca en el orillo de los procederes del Gobierno: el gato encerrado. Es decir, un packaging que dice una cosa y un contenido que dice otra. En el caso que nos ocupa, el oficialismo habla de una apertura a la competencia -la cual es bienvenida y, en esa misma medida, es usada como mascarón de proa- mientras por el otro lado crea un súper ente de comunicaciones con capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales al margen, claramente, de la Constitución.
En materia de Internet su obvio objetivo es, por supuesto, empezar a regular sus contenidos, prevenido como está, quizás, de la proliferación de “Glorias Alverez” que podrían aparecer como tábanos haciéndole abrir los ojos a la gente sobre las verdaderas intenciones del populismo.
Otro ejemplo de esta expertise en packaging es la reforma al Código Procesal Penal, en donde, bajo el argumento de organizar un proceso penal acusatorio más acorde con la lógica del Derecho, se esconde la organización de un Ministerio Público completamente dependiente del Poder Ejecutivo que se acompañará con la designación de 250 fiscales y 4000 empleados militantes, al mando de la soldado Carbó. Siendo -por el nuevo Código- los fiscales quienes instruyen e impulsan el proceso, la desestimación de casos que éstos hagan será definitiva para la suerte de los sospechosos, incluso en casos de corrupción que afecten a funcionarios públicos.
El número de legisladores en el Congreso le asegura al Gobierno el pasaje de todas estas leyes, como ya ocurrió con la ley antiterrorista, la de abastecimiento, el código civil y comercial, la ley de hidrocarburos y cualquier otra que materialice las ocurrencias del Poder Ejecutivo.
Muchos de esos legisladores levantan la mano sin saber lo que votan. En al caso del Código Civil fueron patéticas las declaraciones de varios legisladores que, por ejemplo, estaban seguros de haber votado algo cuya vigencia era inmediata, cuando en realidad le reforma empezará a regir en 2016.
Estamos en manos de esta irresponsabilidad. Como dijo Gloria Alvarez, la carga por estas consecuencias la llevamos nosotros. Hemos sido nosotros los que entregamos semejante poder a una facción. No ha privado en nuestra conciencia el principio del equilibrio y hemos confiado todo nuestro futuro a una sola ficha. Parece mentira que 400 años de evolución de Derecho hayan sido ignorados de esta manera, volviendo a los perfiles sociales de cuando el mundo era gobernado por cuatro señores que se repartían a los bandazos la suerte de millones.