En estas horas un periodista de La Nación está prácticamente encerrado en su casa custodiado por  la Gendarmería por la amenazas recibidas por capos del narcotráfico de Rosario.

Se trata de una de las imágenes que los argentinos veíamos por televisión no hace mucho en países de la región y nos agarramos la cabeza pensando en cómo vivía esa gente.

Frente a los primeros síntomas de la llegada a la Argentina del drama de la droga y de su comercialización y producción no solo no hicimos nada sino que, en muchos casos, se abrieron las puertas del lavado de dinero con planes oficiales para depositar dólares en el circuito blanco de la economía sin preguntar su procedencia -al mismo tiempo que se persigue y se le piden explicaciones de todo tipo a los argentinos de bien que quieren ahorrar 200 dólares- y de la importación de componentes químicos imprescindibles en el proceso productivo de drogas sintéticas.

Otro periodista, Gustavo Sasso, fue procesado en Bahía Blanca por investigar operaciones de narcolavado de Juan Ignacio Suris al tiempo que le secuestraron material fruto de sus averiguaciones, tarea que, en lugar de procesarlo a él, debería haber llevado adelante el propio juez.

El viernes por la mañana el jefe de Gabinete se rebajó a un terreno de barrabrava haciéndose el canchero gracias al juego de palabras con el apellido de nuestro colega Fernando Carnota, al que llamó “Marmota”, según su propia confesión, por el mero hecho de “criticarlos”.

Mientras, en el Congreso, se abre paso la ley de telecomunicaciones que implica la muerte de la TV por cable, fundamentalmente del interior del país en donde opinar diferente a la ola financiada desde el Estado se convertirá, al mismo tiempo en un sacerdocio y, por lo que estamos viendo ya, en un peligro.

Hace más de 20 años que planteamos la idea de que, para ampliar la competencia era bueno estudiar la posibilidad de que las empresa telefónicas pudieran ofrecer el servicio de televisión, porque ellas ya disponían de una  red de  tendido hogareño  que facilitaba su instrumentación.  Pero aquellas opiniones -que recuerdo empezamos a comentar en 1993 en Radio América (a la sazón del mismo dueño de Cablevisión en ese momento -Eduardo Eurnekián- circunstancia que nunca me perjudicó ni implicó ningún “llamado” para que “evitara” esos comentarios, en una prueba evidente de la libertad de expresión sin miedos que imperaba en esos años) tendían, justamente, a ampliar verdaderamente no solo el arco de opiniones y de pareceres sino de inversión, de tecnología y de fuentes de trabajo.

Lo de hoy se inscribe en un marco completamente contrario. Los periodistas son perseguidos, atacados, procesados. Los medios corren el riesgo de cerrarse y los trabajos pueden perderse junto con la diversidad del pensamiento y con la libertad de expresión.

En esta misma semana se anunció en Venezuela la apertura de una línea telefónica gratuita para denunciar “traidores” y en Moscú se supo el levantamiento de la señal de la CNN en la capital rusa. Es muy interesante ver cómo Putin ha forzado esta salida: lo hizo prohibiendo la emisión de publicidad en la televisión paga.

¿Son inimaginables estas mismas situaciones en la Argentina? ¿un 0800 para denunciar buitres locales o una decisión que prohíba los anuncios en los programas de cable? Hay decenas de programas de opinión en la TV por cable que se financian con publicidad del sector privado. Incluso muchos que no tienen siquiera una presencia “testimonial” de pauta oficial. Todos esos programas (junto con sus opiniones) desaparecerían de un plumazo con una disposición parecida a la tomada por el Camarada Putín.

La situación del periodismo libre en la Argentina es gravísima. A todos los disparates descriptos hasta aquí se suma el hecho de que un enorme porcentaje de expresión es protagonizado por profesionales independientes que se financian a sí mismos comprando espacios en medios privados y luego vendiendo segundos de publicidad como si fueran una agencia.

Se trata de un sistema perverso. La asfixia y el deterioro inflacionario a la que ha sido sometido este sistema hacen que muchos profesionales estén boqueando hoy en día y su capacidad de mantener abiertas esas ventanas de libertad sea cada vez más pequeña. A las múltiples amenazas que pesan sobre su trabajo se suma este estrangulamiento económico que los arrincona y los confina.

No solo el Gobierno puede ejercer una influencia decisiva en el futuro de la libertad de expresión en la Argentina. Está claro que la capacidad de daño del Estado en ese sentido es fortísima. Pero el sector privado también puede tener una responsabilidad fundamental si no renuncia al financiamiento del periodismo independiente.

Si esa voluntad existiera y el Estado la persiguiera, entonces, se habría perfeccionado definitivamente la consagración de un Estado policial en el país en donde las bocas deberían cerrase y la única salida sería el exilio.

¡Qué enorme paradoja que en el medio de una pretendida democracia, los periodistas deberíamos pensar en el mismo tipo de futuro que tuvieron los muchos que escaparon de la última dictadura! ¿Será entonces que vivimos en un país de apariencias pero en el que las realidades siguen siendo tan oscuras como entonces?