Por: Carlos Mira
El gobierno, con el voto de los consejeros oficialistas en el Consejo de la Magistratura, acaba de nombrar como juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata a Laureano Durán, y del Juzgado Federal 3 a Eduardo Di Lorenzo. El juzgado 1 tiene competencia penal y electoral y estaba a cargo del juez fallecido Manuel Blanco; en tanto que el Juzgado número 3 tiene competencia penal y estaba a cargo de Arnaldo Corazza, quien renunció. Por supuesto en ninguno de los dos reemplazos medió acuerdo del Senado.
Durán era secretario del juzgado y su nombramiento se apoya en una disposición de la Cámara Federal de La Plata que autorizó la designación de secretarios como jueces subrogantes en esos juzgados cuando en septiembre firmó una resolución en la que sostuvo que “no es posible cubrir las vacantes con un juez titular de esta jurisdicción”.
El consejero de la oposición y presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, dijo que Laureano Durán está lejos de ser el mejor secretario. “En el único concurso en el que ha participado, está en el número 22″, advirtió. Además, en coincidencia con el planteo de dirigentes de la oposición, consideró que “lo que ha hecho el oficialismo es utilizar una vía prohibida para elegir a esta persona”.
“Me consta que no cumple con ninguno de los requisitos de ley para ser elegido para este caso”, subrayó Cabral, quien advirtió que “este juzgado electoral tiene vital importancia porque es el que controla el 40 por ciento del padrón del país”.
Se trata efectivamente de una movida llamativa. Por supuesto que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich replicó que “pretender decir que el oficialismo está generando la designación de un juez para manipular un resultado electoral es lisa y llanamente un insulto de la oposición… La oposición debería ser respetuosa de un gobierno que ha ganado con más del 54 por ciento las elecciones del 2011 y con más del 45 por ciento los comicios del 2007…” Y continuó: “el gobierno es sostenido por la voluntad popular y ha gobernado en virtud de los intereses del pueblo argentino”.
Más allá de que al jefe de gabinete y al gobierno entero les cuesta entender que la democracia no es sólo ganar unas elecciones sino, fundamentalmente, la vigencia de un conjunto de instituciones que garantizan los límites al poder, las libertades individuales y los derechos civiles y que un gobierno popularmente votado que se alza contra las instituciones, contra la libertad y contra los derechos es un gobierno no-democrático aunque haya sido el fruto de un acto electoral, resulta sintomática la sola movida de un juez en el ámbito de competencia que pasará a tener Durán.
Cualquier movimiento en un juzgado que controla el 40% del caudal electoral del país debería llamar la atención, y máxime bajo estas circunstancias: una persona que no ha rendido bien en los concursos en los que se ha presentado y que resultó ser apoyada masivamente por los consejeros del gobierno en el Consejo.
Aunque a Capitanich le encanten las democracias aluvionales en donde nadie puede hablar frente al victorioso y en la que la voluntad de éste no sólo no puede discutirse sino que es mimetizada con la voz misma del “pueblo argentino”, lo cierto es que las cosas no son así. Ni el gobierno es el único con derecho a hablar, ni la voz del gobierno es la voz del pueblo. Para que esas cosas quedaran claras, justamente, se redactó la Constitución que establece los límites y las condiciones bajo las cuales el poder puede ser ejercido.
Una de las principales preocupaciones de los constituyentes, justamente, fue la de garantizar la independencia del poder judicial porque esa era la vía para que los individuos encontraran en él la defensa contra la pretensión de un ejercicio ilimitado del poder.
La pregunta surge sencilla: ¿frente a la vacante del juzgado producida por la muerte del juez Blanco, por qué no designar un reemplazante de acuerdo a los procedimientos estipulados por la Constitución?, ¿cuál es el interés en no seguirlos?, ¿por qué se recurre a un método lateral para nombrar a un juez subrogante en donde la vacante es definitiva dado que su causa fue la muerte?
El Juzgado federal 1 de La Plata no debería ser ocupado por un juez subrogante. El Consejo debería elevar una terna de candidatos a la presidente, ésta elegir uno y someterlo al consentimiento del Senado. Es así de simple.
¿Por qué no se siguió ese procedimiento para elegir al juez que controlará el juzgado con competencia electoral sobre el 40% del padrón del país? Nadie lo sabe. Pero las dudas crecen.
En la vida no sólo hay que ser sino parecer. Y aquí parece que se huele feo. Los antecedentes del desdén con que el gobierno ha tratado a las instituciones de la Constitución y al sistema de equilibrio republicano del poder no hacen otra cosa que abonar ese feo olor.