La reforma judicial mina la inversión productiva

Daniel Sticco

La iniciativa del Poder Ejecutivo de avanzar hacia lo que eufemísticamente denominó la “democratización de la justicia”, ya que sin debate avanza a ritmo sospechosamente vertiginoso en el Congreso de la Nación, ya se ha cobrado innumerables víctimas en términos de calidad de vida de la población, porque conspira contra los emprendimientos privados y la consecuente creación de empleos y mejora de la participación de los asalariados en la distribución de la riqueza que se genera cada año.

Para no ir muy lejos, puede advertirse que la iniciativa definida como “vamos por todo” por la propia Presidente de la Nación el 27 de febrero de 2012 en un acto en conmemoración del bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional por Manuel Belgrano, en Rosario, comenzó a efectivizarse el 22 de marzo de ese año cuando se reformó por ley la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, promulgada seis días después.

Es que los cambios introducidos terminaron con la autonomía de la autoridad monetaria, que en los hechos había comenzado a estar subordinada al Poder Ejecutivo desde que a principios de 2006 se acuñó la política de desendeudamiento con el uso de las reservas para pagar deuda pública. Y desde 2012 se amplió la autorización para financiar al tesoro con emisión sin respaldo en una proporción singular que llevó a consolidar el impuesto inflacionario.

Junto a ese proceso, el avance contra la libertad de las personas para salir del país, al imponer obstáculos discrecionales a la compra de divisas en el mercado oficial de cambios y el desaliento, por no decir prohibición al pago de dividendos a los accionistas del exterior de las empresas extranjeras radicadas en el país desde el 12 de febrero, tuvieron un rápido impacto negativo sobre las decisiones de inversión productiva y el ingreso efectivo de nuevas radicaciones, al menos de envergadura.

Dinámica de los indicadores oficiales
Ya desde el último trimestre de 2011 los índices de actividad y de inversión marcaron un punto de giro, al pasar de crecer a tasas elevadas a estancamiento, en el primer caso y retracción real en el segundo.

La tasa de inflación real amenazó con dispararse por arriba de 30% anual, pero el freno de la economía impidió ese salto, aunque se sostuvo en un rango muy superior a 20%, casi triplicando la estimación oficial.

Mientras, en el mercado de cambios renació la cotización libre con singular ímpetu, hasta alcanzar una brecha de más de 65% con la rezagada paridad oficial, ya que ha provocado la extinción de la competitividad cambiaria en amplios sectores de la industria y de la economías regionales.

Se llega así a un cuadro atípico de falta de dólares y sostenida caída de las reservas del Banco Central, a contramano del escenario que predomina en la región, donde la preocupación de la dirigencia política y de las autoridades económicas se concentra en evitar la denominada “enfermedad holandesa”, que consiste en la pérdida de competitividad por exceso de divisas que llegan de todas partes del mundo.

El remedio que utilizan, al contrario de imponer prohibiciones y restricciones, excepto para los movimientos especulativos de corto plazo, consiste en reducir la presión tributaria, bajar el costo del dinero, invertir en capacitación de la población para que pueda acceder a empleos de calidad y de mayor productividad, entre otros.

De este modo, muy lejos de habérseles caído el mundo, pudieron seguir creciendo, algo menos que en 2011, pero sin desacelerar tan violentamente como sufrió la Argentina; para este año el fenómeno se repite, según acaba de corregir el FMI sus pronósticos para todo el planeta.

La brecha entre el desempeño de la Argentina y el resto del mundo en las tasas esperadas de crecimiento para este año y en particular el próximo podría resultar mayor, tanto porque la consultoras privadas comenzaron a corregir hacia abajo sus cálculos al comprobar que la reactivación no se está dando al ritmo que esperaban seis meses atrás, como principalmente por efecto del impacto más contractivo que el tenor de los cambios que el Congreso comenzó a tratar del sistema judicial, tendrá sobre la inversión productiva y consecuentemente sobre el empleo.

Cada vez son más las empresas de capital extranjero que cansadas de esperar un cambio de escenario y que observan que el horizonte lejos de aclararse tiende a oscurecerse por méritos propios, ya que los de afuera no lucen tan inciertos, comenzaron a contratar servicios para vender sus compañías a firmas locales que pueden acomodarse más fácilmente a los cambios recurrentes de las reglas locales.

Democratizar no es sólo votar, sino también fundamentalmente respectar las instituciones que significan las Constituciones, nacionales y provinciales, los Códigos y Cartas Orgánicas, en lugar de pensar en modificarlas para adaptarlas a la coyuntura y al cortoplacismo.