Como si no alcanzara con dos blanqueos en 6 años, el último, de inusual facilidad, bajo costo y permisividad, apenas concluido en diciembre pasado, se prepara ya un tercero.

Por supuesto que esta vez será distinto y el último, y además se justifica por el supuesto requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de otorgar un perdón fiscal antes de la entrada en vigencia de los tratados de información automática entre países, que aún no se han firmado y que regirían desde fin de 2018.

Sin embargo, por lo que está comunicando el Gobierno y lo que se conoce de los proyectos, surge que lo que se intenta es el retorno de dólares al país. O sea, que los argentinos vendan sus tenencias de la especie que fuere y traigan esos fondos a la Argentina para colocarlos, sea en nuevos certificados de depósito para la inversión (Cedin), sea en nuevos bonos, que pagarán una tasa que se supone algo menor a la reciente colocación, pero no demasiado.

Ello también se evidencia en la idea de cobrar menos alícuota en los casos de repatriación que en los casos de simple exteriorización con permanencia de los dólares donde estén actualmente.

Pongámoslo más claro: el Gobierno intenta que vengan dólares que se transformen en préstamos para la actividad inmobiliaria, o en bonos de nueva deuda que tomará el Estado para usar con fines diversos.

En cualquiera de los dos casos, y suponiendo que no fuera el Banco Central (BCRA) quien comprase esos dólares, sino el mercado, habrá que rogar que no se cumpla la estimación que ha circulado, que lleva la cifra a blanquearse a los 50 mil millones de dólares. Si tal cosa ocurriese, el efecto sería igual al de cualquier invasión de hot money o capital golondrina.

Esto implica una baja potencial muy dura del tipo de cambio nominal, en un contexto de inflación en auge que ha neutralizado una parte importante de la devaluación del peso tras la liberación del cepo. No parecería que fuera muy inteligente apurar un atraso cambiario, ni mucho menos empujar a una apreciación del peso mayor a la esperable.

Tal vez se puedan responder estas observaciones apelando a la esperanza de que los fondos que retornen se apliquen a inversiones productivas, que, sin embargo, no parecen tener aún el escenario mínimo que se requiere para esa etapa. Todavía parece no haberse digerido el concepto de que la inversión no depende de la afluencia de dólares, sino de las expectativas, los proyectos, el clima y el sistema legal imperante. La lluvia de dólares, cualquiera fuera su origen, no llevará apareada ninguna inversión por su sola presencia. La simetría opuesta es mucho más probable: un clima y un ambiente legal y laboral pro inversión provocaría una lluvia de dólares.

Descarto que se le ocurra al BCRA emitir para comprar estos dólares con cualquier formato, por cuanto ello sería una locura que el presente equipo técnico no cometería.

Sin embargo, la financiación de gasto u obras públicas implica algún mecanismo de conversión de esos dólares a pesos, con los efectos que conocemos en el aspecto cambiario o en el inflacionario.

Queda por analizar si efectivamente el blanqueo será tan exitoso como se espera, en momentos en que las tapas de los diarios y los portales no parecen ser un catálogo de oportunidades, sino un listado de reclamos e imposiciones populistas, algunas concedidas.

Creemos que no hay urgencia alguna en lanzar este blanqueo, perdón, exteriorización o como se le quiera llamar a este procedimiento. Desde el punto de vista de los tratados de la OCDE, hacerlo en 2017 estaría perfectamente dentro de los tiempos lógicos de decisión, a la vez que probablemente para ese momento Estados Unidos también estará anunciando algún grado de facilidad de información fiscal, lo que puede empujar más adhesiones.

En lo que hace a la confianza en el país y a la inversión posible, tal vez el año próximo tenga más incógnitas despejadas que las que hay en este momento, de previsible incertidumbre.

¿Cuál es el apuro, entonces? ¿Para qué exponerse a una superabundancia de dólares si se es exitoso, o a un papelón si no se logra atraer suficientes adherentes?

Si el tema es meramente cumplir con el mandato supuesto de la OCDE, no habría que crear incentivos para inundar de dólares al país en un momento en que no hay importaciones relevantes, suponiendo que alguna vez las haya. Si tal fuera el caso, el blanqueo debería limitarse a una simple exteriorización, pagando las alícuotas correspondientes, sin diferenciación alguna.

El tema de la cercanía entre esta regularización fiscal y las escandalosas compras de cedines sin denuncia de lavado, que el Banco Nación no ha explicado aún, es un asunto aparte, pero no sería insensato poner algún espacio de tiempo entre una y otro, máxime cuando las noticias de operaciones similares a las que ahora se quieren promover aparecen todos los días y los sospechosos de ilícitos están desesperados buscando regularizar sus activos.

¿Cuál es la urgencia estratégica en hacerlo ahora? Aun aceptando todos los argumentos a favor, es mucho mejor que este perdón ocurra después de alcanzados ciertos objetivos centrales que constituyan un marco de referencia, no antes de que todo ello esté plasmado. Se trataría así del colofón de un proceso, no del preámbulo.

Tantos blanqueos acumulados configuran ya una sistemática “doctrina del perdón que puede anular el pasado”, como decía Jorge Luis Borges. Habría que tratar de que en esta oportunidad también cambiemos.