La Educación Pública de Calidad es uno de los objetivos que más lejos se encuentra de ser cumplido en la Provincia. El paro docente, que el Gobierno no atendió antes para garantizar el inicio de clases y que este viernes cumple su octavo día, es nada más que la punta de un gran iceberg que el ejecutivo bonaerense no resuelve.
En los discursos oficiales se sostienen las banderas de la igualdad y la inclusión educativa, pero hoy en el marco de la lucha de los maestros se revela un escenario educativo que expulsa y excluye del Derecho Social a la Educación a una gran mayoría de niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires. Observamos claramente que quienes pueden pagar las cuotas de una escuela privada son los que ejercen el derecho de asistir a clases, aprender y socializarse, mientras que quienes no tienen dinero, tampoco tienen educación. Así, este gobierno posiciona la Educación como un instrumento que provoca y profundiza las desigualdades sociales.
Con las últimas reformas se implementaron diseños curriculares comunes y prescriptivos, y esto fue el “gran dispositivo” para lograr una mejor educación en calidad e igualdad. Realizado esto, el Estado evidencia hoy un proceso de retirada pues las problemáticas educativas en la actualidad son cada vez más graves. Una deuda histórica es la Educación Inicial. No hay jardines de infantes estatales suficientes para atender la demanda y de cada diez niños que asisten a ellos, siete lo hacen en escuelas privadas.
En 2007, la Educación Secundaria fue el objeto de las grandes transformaciones. Todos los ojos estaban posados en ella y era un orgullo su obligatoriedad. Actualmente, es la gran olvidada. Solo se implementan medidas administrativas para su funcionamiento formal, pero su fortalecimiento quedó a la deriva. Muchos de los alumnos que egresan de ella no cuentan con los conocimientos básicos para continuar sus estudios superiores. Para corroborarlo, alcanza con ver los números de la Evaluación Pisa y el lugar donde se encuentra Argentina: de 65 países ocupamos el número 59, un lamentable resultado.
Si bien subieron los índices de escolaridad, la provincia atraviesa una profunda crisis en los aprendizajes. Así, el sistema educativo se trasforma en un aparato perverso que, a partir de las estadísticas difundidas, engaña a la ciudadanía afirmando que hay más y mejor educación. Por otro lado, la formación y capacitación docente es otra página olvidada. Con razón, los pedagogos sostienen que tenemos “docentes del siglo XX con una formación del siglo XIX para alumnos del siglo XXI”. Frente a esto, el Estado bonaerense mira paralizado sin tomar nota de la situación.
No pretendo mostrar un Apocalipsis educativo, ni brindar un panorama desalentador. Muy por el contrario, tengo una mirada esperanzadora, con propuestas definidas para intentar superar este estado de situación. Para ello, es necesario dignificar el salario de los maestros; establecer espacios de trabajo para discutir un nuevo estatuto del docente; profesionalizar la carrera docente con implementación de programas para la capacitación y perfeccionamiento permanente; invertir en infraestructura edilicia; profundizar la descentralización de los recursos; fortalecer los controles y supervisiones de los fondos girados a los consejos escolares; redefinir la educación superior y fortalecer los institutos superiores de formación docente.
También, debemos proyectar las escuelas y aulas digitales; definir políticas que tengan centralidad en los aprendizajes de los alumnos y asumir, desde la educación, el sistema de corresponsabilidad para la consagración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Estas, junto a otras acciones, son los componentes para definir políticas públicas educativas que resulten superadoras de la actual crisis del sector, y posicionen al Estado como el verdadero responsable de la Educación Pública.