Ahora que el Gobierno está resolviendo los conflictos pendientes con sus acreedores y aparece en el horizonte la normalización de las relaciones financieras, tanto con el mercado de capitales interno como con los mercados de capitales del exterior, se han levantado voces en contra del nuevo endeudamiento.

Los kirchneristas critican con el argumento de que se abandona la política de desendeudamiento del Gobierno de los Kirchner. Burda mentira. El endeudamiento, bien medido, aumentó durante los Gobiernos de Eduardo Duhalde y de los Kirchner desde alrededor de 140 mil millones de dólares, al final del mandato de Fernando de la Rúa, hasta 250 mil millones en la actualidad. Como porcentaje del producto bruto interno, representa ahora lo mismo que representaba al final del 2001. La única diferencia es que ahora una gran parte del endeudamiento es con acreedores que tienen sentencias a favor, sean de la Justicia argentina o de la Justicia de otros países, por alrededor de 30 mil millones de dólares (15 a 20 mil millones con los jubilados argentinos y entre 10 y 15 mil millones con otros acreedores, incluidos los tenedores de bonos en default).

Sin duda, si el Gobierno de Mauricio Macri emite bonos por 30 mil millones de dólares para saldar esas deudas, no estará aumentando el endeudamiento, sino simplemente sincerando su monto y haciendo que sus tenedores lo sean por voluntad y no por imposición del Gobierno al violar leyes y contratos. Es lo mismo que ocurrió entre 1989 y 1996. Bien medida, la deuda que dejó el Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín ascendía a alrededor de noventa mil millones y al 31 de diciembre de 1996 era todavía de ese mismo monto. Sin embargo, en el ínterin se debieron emitir 26 mil millones de bocones previsionales, para proveedores y por regalías hidrocarburíferas que se adeudaban desde los ochenta y que tenían fallos judiciales definitivos o trámites avanzados ante la Justicia.

Seguir demorando la emisión de deuda para atender estas obligaciones vencidas significa agravar el problema día a día, por acumulación de intereses punitorios y honorarios de abogados. Se trata del mismo negocio absurdo que hizo Néstor Kirchner cuando, para cancelar deuda poco onerosa con el FMI, emitió deuda mucho más cara que colocó a través de la Venezuela de Hugo Chávez. Lejos de resolver un problema, lo agravó.

Pero otras advertencias provienen del campo opuesto al de los kirchneristas. Son los economistas que se autodenominan ortodoxos y que sostienen que no hay que emitir deuda, sino eliminar de cuajo el déficit fiscal. Temen que el financiamiento con deuda del déficit fiscal que no se elimine cree problemas fiscales más graves en el futuro por aumento de la factura de intereses, como ocurrió entre 1996 y 2001. También temen que el endeudamiento traiga demasiados dólares al país que, vendidos en el mercado libre de cambios, provoquen nuevamente una sobrevaluación del peso, con la consiguiente pérdida de competitividad.

Yo he sostenido que los Gobiernos de Macri, el de todos los gobernadores y de todos los intendentes deben hacer los máximos esfuerzos posibles para bajar el gasto público eliminando el despilfarro, la ineficiencia y la corrupción. Pero por experiencia reconozco que se trata de una tarea titánica y muy compleja.

Aun con el máximo entusiasmo, bajar el gasto público a la proporción que tenía en los noventa va a requerir muchos años y no es seguro que sea posible. Por ejemplo, el Gobierno no va a poder bajar las erogaciones previsionales, que ascenderán al 9% del PBI cuando se cumpla con las leyes vigentes. En los noventa representaban 6%  del PBI y se cumplía con las leyes, pero aún no operaba la demagogia de los Kirchner.

Además, las voces que se escuchan de los gobernadores no preanuncian una gran voluntad de ajustar los gastos, a pesar de que en las provincias y los municipios es donde más ha crecido el empleo público, muy por arriba del aumento de la población. Para inducir un manejo fiscal satisfactorio en las provincias y llevarlas también a eliminar impuestos distorsivos, el Gobierno nacional debería limitar la autorización para acudir al endeudamiento externo a un plan claro de reducción de impuestos distorsivos (en especial, ingresos brutos, en las etapas intermedias de producción e impuesto de sellos) y a la verdadera necesidad de dólares para atender obligaciones en el exterior o importar bienes o servicios.

No debería permitirse a las provincias comprometer los recursos de coparticipación federal de impuestos como garantía de endeudamiento alguno. La experiencia del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario argentino durante los años 1997 a 2001 debería ser suficiente señal de alerta para no volver a incurrir en el mismo error. La crisis financiera del 2001 no tuvo su origen en un desmanejo fiscal general, sino en el desmanejo fiscal y de la deuda por parte de las provincias. Lo mismo había ocurrido antes de 1995, cuando la deuda provincial con los por entonces todavía no privatizados bancos provinciales ofreció una vulnerabilidad financiera que nos costó la crisis de 1995.

Si por no poder bajar más el gasto público, para cerrar completamente el déficit se tuvieran que mantener o, peor aún, incrementar, los impuestos distorsivos, entonces la recuperación productiva de la Argentina no llegará nunca. En realidad, es imprescindible que el Gobierno elimine impuestos distorsivos, tal como ha comenzado a hacerlo con las retenciones, aun cuando por algunos años esa eliminación pueda significar mantener déficits fiscales.

Por estas razones, sostengo que el nuevo endeudamiento a plazos largos y tasas razonables de interés, que sirva para hacer viable la eliminación de impuestos distorsivos, no va a crear sino que va a ayudar a resolver problemas.

En cuanto a que el endeudamiento en dólares puede llevar a un exceso de entrada de dólares al mercado cambiario y a una sobrevaluación del peso, se trata de un peligro muy fácil de aventar. Hay que limitar el endeudamiento externo, digamos bajo ley extranjera, a los montos que haya que pagar al exterior por vencimientos de capital e intereses en dólares u otras monedas extranjeras, más el gasto público, que, por consistir en importaciones de bienes o servicios, debe ser abonado a proveedores del exterior. En cuanto al endeudamiento externo en el que pueda incurrir el sector privado, hay que dejar que sirva para el abastecimiento fluido de importaciones de insumos y de bienes de capital, o dejar que el sector privado pueda mantener los fondos en el país en cuentas en dólares hasta tanto deban utilizarlos para pagar gastos en el exterior.

La oferta neta de dólares en el mercado único de cambios tiene un componente comercial, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y un componente financiero, el saldo de la entrada y la salida de capitales. Los capitales entran cuando hay confianza y salen cuando hay desconfianza. Crear desconfianza para que no entren dólares, que es lo que ha sucedido en los siete últimos años, al hacer un manejo absurdo de la deuda y del mercado cambiario, es el peor de los negocios para cualquier economía.

Un mercado libre de cambios, con libre movimiento de capitales y con un sistema bimonetario, es la mejor forma de asegurar que el país mantendrá su economía con los equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles para lograr estabilidad y crecimiento. En ese sentido, el Gobierno va por buen camino.