Hace algunas semanas Chaco sancionó una ley que establece la obligatoriedad de los debates electorales. El texto de la ley sorprende positivamente ya que los antecedentes en esta materia son escasos en el país. Además de la obligatoriedad del debate, la ley que entrará en vigencia en las elecciones de 2015 establece la cantidad de debates y las áreas temáticas, la estructura y organización, el tipo de transmisión televisiva y la institución que asume la responsabilidad por los costos. También se prevén sanciones para quienes estén obligados a debatir e incumplan la ley.
La medida es positiva porque en el país existe una escasa disposición del sistema político a organizar debates electorales. La Argentina no tiene una ley específica que inste a los candidatos a participar en debates electorales, y la figura también está ausente del Código Nacional Electoral. De hecho, nunca hubo un debate presidencial en toda la historia argentina.
Por más especificidades que establezca una ley con respecto a la obligatoriedad, organización y condiciones del debate, está comprobado que la única forma de institucionalizar esta práctica es ejerciéndola en forma sostenida, generando las condiciones para el diálogo entre los partidos políticos, y permitiendo que éstos se apropien del proceso de organización de los debates. Un desafío adicional es que el debate se centre en una mirada prospectiva, más allá de la tendencia natural a juzgar o justificar el pasado que caracteriza a la política vernácula.
Las elecciones constituyen un ritual único en la vida democrática de un país porque en ellas los electores legitiman el vínculo con sus gobernantes. Los ciudadanos tienen derecho a votar informados pero para hacerlo necesitan conocer con antelación las propuestas y planes de gobierno de los candidatos.
El período previo a las elecciones es un momento clave para promover espacios de diálogo que permitan pensar el desarrollo a mediano y largo plazo, como también para debatir programas legislativos o planes de gobierno. Por la coyuntura electoral, la sociedad se encuentra particularmente receptiva a participar en este tipo de espacios y eso contribuye a incrementar la calidad e intensidad del debate público.
Sin embargo, para que el debate tenga sentido, los ciudadanos deben estar dispuestos a premiar a quien debate y a castigar al que no lo hace. Por eso, la existencia de una ciudadanía responsable y capaz de exigir a sus candidatos transparencia en sus programas de gobierno, coherencia en sus ideas y consecuencia en sus actos una vez que llegan el poder aparece como la condición indispensable para cambiar la despreocupación actual de la clase política por el debate de ideas.
De cara a 2015, el ejemplo de Chaco es alentador. Esta ley puede convertirse en un antecedente importante para que otras provincias que están llevando adelante reformas políticas y otros niveles de gobierno impulsen sus propias leyes. También es un paso más en el objetivo de institucionalizar un debate entre candidatos presidenciales. Otros países de la región, como Perú, Brasil, Chile y Colombia, ya han avanzado hace varios años en esta materia.