Por: Francisco Cabrera
Desde hace más de una semana que el país es testigo de un verdadero diálogo de sordos entre dos facciones del oficialismo en torno a la coparticipación federal de impuestos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli se quejó de los fondos que recibe la provincia y el vicepresidente de la Nación Amado Boudou le contestó que el reclamo fue un “error institucional y un acto de cobardía política”. Esta manera de discutir, lejos del diálogo que debería primar dentro de la política, es un fuerte obstáculo para alcanzar las soluciones verdaderas que necesita el país para avanzar en la senda del desarrollo sostenible.
Esta lucha se inscribe en una tendencia innegable: la de un gobierno nacional que se apropia de una parte cada vez mayor del producto nacional a costa de quienes lo producen y de otros niveles de gobierno. En los últimos diez años la recaudación creció de 23% a 35% del PBI y la recaudación nacional sobre el total creció de 84% a 86%. En términos nominales el gobierno nacional recaudó en 2011 640% más que en 2003. Además, las transferencias automáticas representan una proporción cada vez menor de la recaudación nacional: entre 2001 y 2011 pasaron de 33% a 26%, producto del surgimiento de nuevos recursos no coparticipables. Como contrapartida aumentaron las transferencias discrecionales lo que le permitió al kirchnerismo subyugar a gobiernos provinciales y municipales.
El gobernador Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner y acompañó electoralmente al kirchnerismo en todas las instancias, no puede hacerse el distraído al respecto. La discusión de estos días es ridícula: si pensás distinto sos cobarde o golpista. El planteo de la provincia de Buenos Aires es sencillo: de los fondos que recibe existe el fondo de Reparación Histórica Bonaerenseque tiene un tope de 650 millones fijado en el año 1995. A raíz de la inflación ese monto que representaba el 10% del Impuesto a las Ganancias hoy representa el 1%. La Provincia pide sacar el techo de 650 millones de pesos. Al gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, también justicialista, no le ha ido mucho mejor, debiendo acudir a la Corte Suprema de Justicia para discutir esta cuestión. Si ésta es la actitud con los aliados, no sorprende la que ha tenido el gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires; en su lucha contra PRO, el kirchnerismo ha discriminado a los ciudadanos de la ciudad, bloqueando proyectos y mostrándose incapaz de dialogar para buscar soluciones entre todos.
La coparticipación federal es fundamental para que Argentina se desarrolle de manera social y geográficamente sostenible. Para establecer las nuevas reglas de coparticipación (que la Constitución Nacional establecía que debían dictarse antes de 1997) hace falta todo lo contrario a lo que han demostrado estos días los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires: hace falta diálogo, respeto, comprensión y, sobre todo, la voluntad de resolver las cuestiones de largo plazo más allá de las conveniencias coyunturales. Lo que hemos visto estos días es un ejemplo más de un estilo de hacer política que ha mostrado sus limitaciones, pero ya somos muchos los que estamos trabajando en una alternativa política que permita el desarrollo sostenible de Argentina.