Por: Gerardo Milman
Inmediatamente después de la derrota electoral por fin el gobierno recibió una buena noticia. El 7D llegó un poco tarde y habrá que ver cómo la autoridad de aplicación de la ley 26.522 (popularmente conocida como Ley de Medios) instrumenta lo que algunos interpretan como una vendetta contra el Grupo Clarín y otros como la ampliación del pluralismo, del derecho igualitario a la producción y al acceso a la información.
Que los jueces de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de seis a uno hayan declarado constitucional la Ley de Medios no quiere decir necesariamente que la norma sea buena. Un excelente medicamento mal administrado puede ocasionar serios problemas de salud así como una ley teledirigida por un gobierno que pretende desarticular monopolios para crear el propio (incluyendo medios satélites) puede terminar amordazando a la ciudadanía al son de un discurso único.
Ratificada la constitucionalidad de la ley no queda otro camino que hacerla cumplir, controlar efectivamente su ejecución y derogar o modificar por vía legislativa aquellos puntos oscuros que resulten de su implementación y puedan llegar a afectar tanto derechos empresariales como sociales.
En tal sentido coincido plenamente con el juez Enrique Petracchi, quien advirtió sobre los riesgos de la mala aplicación de la norma afirmando que la cuestión se distorsionaría “si los medios públicos en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”. Sinceramente, a la luz del manejo que el gobierno viene haciendo con la Televisión Pública, con Fútbol para Todos y, vistas las facilidades que ha otorgado para que grupos económicos “amigos” compren medios que se vuelven afines, no podemos más que esperar que la lógica de concentración oficialista se acentúe.
Recordemos el consejo de Néstor Kirchner a sus amigos Lázaro Báez y Rudy Ulloa: “compren medios”. He aquí una prueba cabal de la concepción de “captura” mediática gubernamental que, a mi criterio, subyace tras la idea de “democratizar la palabra”.
La Corte ha fallado a favor del gobierno y eso ha hecho que, de pronto, cambie la opinión kirchnerista sobre la integridad democrática de la Corte. Quienes hasta ayer fueron “destituyentes” hoy son alabados.
Quede claro que la Corte es independiente y que le cabe al grupo afectado continuar la defensa de sus derechos en tribunales internacionales si es su intención. La máxima autoridad judicial argentina se ha expedido y el fallo debe cumplirse resguardando todos los procedimientos que la ley prevé. Sería bueno, de paso, que el gobierno no acatara selectivamente los fallos de la Corte y que, de inmediato se abocara a volver operativas otras decisiones firmes del superior tribunal. En efecto: miles de jubilados esperan cobrar lo que les corresponde a la luz del fallo por el “caso Badaro”; también habría que haber restituido inmediatamente en su puesto al procurador general de la Provincia de Santa Cruz (que fue separado arbitrariamente de su cargo por Néstor Kirchner en 1995), y destinar pauta oficial al diario Perfil tal como la Corte lo dictaminó.
Estoy convencido de que ningún medio público puede ser utilizado como instrumento de propaganda oficial y que la AFSCA, en tanto autoridad de aplicación, debe ser neutral. Es de esperar que, una vez resuelta la cuestión de la constitucionalidad, el gobierno aplique la ley a todos los medios de comunicación en vez de seguir diferenciando entre obsecuentes y críticos.