El crecimiento del empleo público se perfila en forma progresiva en objeto de debates candentes y numerosos análisis políticos y económicos de cara a los próximos años en la Argentina. Según datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, dependiente del Ministerio de Economía, entre 2005 y 2011 el empleo público provincial se incrementó en promedio un 30% y el gasto público consolidado sobre el Producto Bruto Interno (PBI) en el último decenio orilla el 50%.
Es necesario, sin embargo, que el debate no recorra exclusivamente el carril de la discusión en torno al crecimiento del empleo público, sino que incluya entre sus dimensiones de análisis la calidad del sistema. Esto implica analizar las condiciones laborales y los niveles de formación y capacitación en las formas de ingreso y promoción dentro de las burocracias públicas.
En este contexto, la creación de la Universidad Provincial de Administración Pública en Salta es un hito importante en materia de formación de los recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades estatales. Su relevancia no se circunscribe solamente a esta provincia del norte argentino. Es una saludable innovación para el panorama general de la administración gubernamental de nuestro país, tras la creación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en 1973, el cuerpo de administradores gubernamentales (AG) en 1987 y otras experiencias relevantes, como la Escuela Superior de la Administración Pública en la provincia de Buenos Aires creada en 1989 y la posterior conformación del Instituto Provincial de administración Pública (IPAP) en 1991.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial el mismo día en que la democracia cumplía 30 años. La universidad promueve la capacitación efectiva, continua, integral y actualizada de los recursos humanos del Estado provincial.
Esta universidad tiene su origen en la Escuela de Administración Pública creada en 1998, entonces una organización no gubernamental, una figura pública de carácter no estatal. Diez años después, la escuela fue incluida como organismo dependiente del Estado provincial. Desde entonces, se entregaron en Salta más de 100.000 certificados de capacitación.
El aporte es importante, sobre todo en un marco donde el crecimiento del empleo público aparece en constante ascenso y es motivo de múltiples lecturas, la mayoría de ellas críticas en referencia al aumento del gasto público y a las sospechas del clientelismo político.
Crear institutos dedicados a la formación de funcionarios públicos supone la posibilidad de contar con un Estado que invierta en sus recursos humanos, y entienda la capacitación del personal como una contribución al cumplimiento y enriquecimiento de la calidad de la función pública.
A 30 años de democracia, unos de los desafíos pendientes -para el sistema político en general y el diseño organizacional del Estado en particular- supone revisar en perspectiva crítica el fortalecimiento de los sistemas de carrera en los organismos públicos. La construcción de burocracias estatales meritocráticas que atraen a los mejores profesionales emerge como un desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad de cara al futuro inmediato.