Por: Gretel Ledo
La cita para la ciudadanía venezolana, fijada el próximo 6 de diciembre, no es un dato menor. El Consejo Nacional Electoral anunció las elecciones parlamentarias como si se tratase de una simple convocatoria cuando en realidad lo primordial es establecer las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo los comicios.
Lo cierto es que la dirigencia política a nivel mundial se está haciendo eco desde hace tiempo de una serie de demandas ligadas no solamente a los derechos humanos, sino a la esencia misma de la democracia en ese país.
En el informe anual sobre derechos humanos de 2014, el Departamento de Estado de los EEUU denunció al actual Gobierno de Nicolás Maduro por ejercer una judicatura selectiva a la hora de dirimir cuestiones judiciales por arresto y encarcelamiento de opositores al régimen y juicios regularmente retrasados. Sumado a ello, se encuentran coartadas las libertades de expresión y de prensa.
Por su parte, en un reciente comunicado publicado por el Parlamento europeo (PE) desde Bruselas, la Alta Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Federica Mogherini, afirmó: “incumbe a las autoridades garantizar que todas las etapas del proceso electoral sean inclusivas y transparentes […] y que se desarrollen de forma tranquila y pacífica […] Crear condiciones electorales propicias es crucial”. En lo que respecta a la difusión, subrayó que “todos los venezolanos deberían de poder participar en el proceso y tener acceso a una cobertura mediática libre y equilibrada de la campaña y de los preparativos electorales”.
Lo llamativo es el compromiso que asumió el SEAE al asegurar que llevará a cabo esfuerzos mancomunados con el Consejo Nacional Electoral, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y la OEA (Organización de Estados Americanos) en pos de contribuir a elecciones inclusivas, creíbles y transparentes.
En tanto el Partido Popular Europeo (PPE) publicó una contundente declaración con énfasis en la persecución política que está azotando a Venezuela para pedir la liberación de los dirigentes que están encarcelados. El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, dio a conocer que además recibió el apoyo del Grupo Popular del PE a raíz de la reunión de líderes del PPE celebrada previamente a la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea el 26 y 27 de junio en Bruselas. En el documento se resalta la especial preocupación por el encarcelamiento de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Una vez más el PE se pone a disposición de Venezuela para garantizar transparencia en el proceso electivo.
El Parlasur también se hizo eco del grito mundial frente a la impotencia de no encontrar respuestas ante las declaraciones de los máximos líderes políticos del globo. El pasado miércoles 24 de junio una delegación de parlamentarios brasileros alineados con el Gobierno de Dilma Rousseff viajó a Venezuela para dialogar con los sectores oficialistas y de la oposición. La misión estuvo encabezada por el parlamentario del Mercosur Roberto Requião, quien también busca dialogar con autoridades de la Fiscalía para indagar sobre los juicios y las condiciones de reclusión de presos políticos.
Lo cierto es que la semana anterior senadores de la oposición brasileña intentaron llegar a Caracas y las manifestaciones se lo impidieron, por lo que se vieron obligados así a permanecer en el aeropuerto de Maiquetía.
Lo que está en tela de juicio es la naturaleza jurídica misma de la democracia en Venezuela. Si indagamos en el origen del concepto, nos retrotraemos a la Atenas del año 508 a. C., donde el anclaje fundamental está dado por la participación del pueblo en las decisiones políticas. La palabra democracia está formada por los vocablos demos, ‘pueblo’ y krátos, ‘gobierno’. Previo a ese período, los atenienses eran regidos por la aristocracia y la tiranía.
Si consideramos a la democracia como la convivencia pacífica de desacuerdos, la pluralidad y la tolerancia y no la imposición y la violencia, debemos necesariamente replantearnos si la serie de condicionamientos reinantes hoy en Venezuela abre un espacio para trazar categorías como la de raquitismo democrático.
Afirmar que pueda existir injerencia del Concierto de Naciones en asuntos internos de un Estado resulta injustificable ante presos políticos contrarios al gobierno de turno. La lucha contra el avasallamiento de los derechos humanos debe ser librada a nivel mundial. No se trata de libertades individuales ni mucho menos que conciernen a un Estado en particular.