Por: Héctor Huici
El 5 de julio pasado los porteños estrenamos el mal llamado voto electrónico. En efecto, a pesar de ser popularmente conocido como tal, desde el punto de vista técnico lo correcto es decir que se trata de una boleta única electrónica. La diferencia radica en que el voto no se almacena electrónicamente, sino que se imprime en un soporte físico de papel, con la particularidad de que esta boleta contiene un chip que graba el voto elegido por el ciudadano y facilita de este modo el conteo. Ante cualquier falla se puede cotejar el voto contabilizado con el efectivamente emitido simplemente leyendo lo que figura impreso en el papel.
Todos los temores y las críticas previas quedaron refutados por lo que ahora se reconoce como un rotundo éxito del procedimiento. Solo en el 8 % de los casos se registró algún tipo de inconveniente al momento de la votación, que en todos los casos fue rápidamente solucionado.
No hubo ni confusión, ni demora, ni fraude. El sistema acaba definitivamente con algunas de las prácticas más criticadas en nuestro sistema tradicional de voto: el robo de boletas y el voto cadena. Además, facilita la fiscalización, en particular a los partidos más chicos, que tienen dificultad en cubrir territorialmente un distrito determinado con miles de fiscales que cuidan sus votos.
El sistema ha demostrado además ser rápido, simple, seguro y ecológico. Tengamos en cuenta el papel ahorrado en impresión de boletas. Solo como dato digamos que en las PASO del 26 de abril en la ciudad de Buenos Aires se imprimieron entre todos los partidos cien millones (sí 100.000.000) de boletas.
Desde la ley Sáenz Peña del año 1912 cambiamos los sistemas electorales y ampliamos el padrón de votantes, pero la forma de emitir el voto seguía siendo sustancialmente la misma: una boleta de papel colocada dentro de un sobre. Las recientes primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional demostraron una vez más lo arcaico del sistema.
El voto con boleta única electrónica es sin duda un paso hacia la modernidad y es de esperar que prontamente se extienda a todo el país. Los dirigentes políticos y los gobernantes que se nieguen a implementarlo en sus distritos o a nivel nacional deberán explicarle a la sociedad por qué prefieren la antigua metodología altamente sospechada y falta de transparencia.