Por: Hernán Giardini
Salta es una de las provincias con mayor tasa de deforestación del país en los últimos años, cuya causa principal es la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria, fundamentalmente para el cultivo de soja transgénica.
El gobernador Urtubey dijo al asumir: “Se acabó el festival de desmontes en Salta”; y sin embargo continúa con la política de deforestación de su antecesor Juan Carlos Romero. Desde la sanción de la Ley de Bosques (28 de noviembre de 2007) en Salta se perdieron 350 mil hectáreas, 100 mil en zonas que debían ser preservadas de acuerdo a la legislación.
El Ejecutivo provincial realizó modificaciones al Ordenamiento Territorial, que delimita las áreas protegidas, a pedido de los empresarios del sector y los dueños de los predios, incumpliendo claramente la ley. Más grave aún es el hecho de que la mayoría de los desmontes fueron realizados en zonas protegidas por ley pero, además, en áreas donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado suspender su ejecución, en respuesta a un amparo de indígenas y campesinos.
Estos desmontes, llevados a cabo a espaldas de la Justicia, afectaron seriamente a comunidades como las wichi de Cuchuy, Corralito, San José y Chaguaral, del departamento San Martín, entre otras.En la provincia no hay control de los desmontes ilegales. Desde la sanción de la ley nacional, Salta cuenta con un presupuesto importante para la protección de los bosques, y sin embargo las hectáreas arrasadas se multiplican. En ese sentido, resulta sumamente preocupante que durante los primeros meses de 2013 se haya desmontado ilegalmente una finca de 16.600 hectáreas (casi el tamaño de la ciudad de Buenos Aires) sin que ninguna autoridad provincial lo note. La falta de voluntad política del gobierno de Salta para aplicar la ley es evidente.
Por otra parte, el gobierno de Urtubey no adecuó a la normativa forestal los permisos otorgados especulativamente por el gobierno de Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques, que afectaron a más de 400.000 hectáreas.
Un ejemplo de esto es el de la finca La Maravilla, cerca del límite con Bolivia: un desmonte de 17 mil hectáreas, para el cual se realizó la audiencia pública un mes antes de la aprobación de la ley. La pérdida de estos bosques, denunciada por Greenpeace en 2008, afectó el área de uso tradicional de las comunidades wichi de El Paraíso, Arenales, Monteveo y Tonono.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 se deforestaron en la provincia 194.389 hectáreas; entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada y llegó a 414.934 hectáreas.
Como si estos datos no fueran suficientes, Salta anunció recientemente que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030; esto significa el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos, teóricamente protegidos por la normativa nacional.