Por: Hernán Giardini
Había una vez un gobernador de una provincia del norte de Argentina que se creyó con el derecho de autorizar a que se extraiga petróleo en un parque nacional, algo que, además de ilegal, es sumamente peligroso. Suena irreal, pero de ficción no tiene nada. El gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, recientemente autorizó a la empresa JHP a extraer petróleo dentro del Parque Nacional Calilegua hasta el año 2037. Solo durante los primeros 6 años la petrolera pretende realizar tres nuevas perforaciones y reactivar diez viejos pozos abandonados dentro del área protegida.
El Parque Nacional Calilegua, ubicado en la provincia de Jujuy, fue declarado por la Unesco zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas y protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. Allí vive la mitad de las aves registradas en nuestro país, y especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
Por lo menos tres leyes nacionales se violan al permitir la extracción de hidrocarburos en Calilegua; la ley de parques nacionales (22.351), la ley de bosques (26.331) y la ley de hidrocarburos (17.319). La de parques establece claramente en su artículo 4 que en estas áreas “está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo”, mientras que en su artículo 5 veda “la exploración y explotación mineras; la instalación de industrias; la explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales”.
Por su parte, la ley de bosques determina en su artículo 9 que las zonas forestales de alto valor de conservación, como es el caso de Calilegua, “no deben transformarse”, ya que “ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”. Y la reglamentación de dicho artículo establece claramente que solo “podrán realizarse actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos, incluyendo la apreciación turística respetuosa”.
Finalmente, la ley de hidrocarburos en su artículo 79 dicta que son absolutamente nulos “los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera”. Actividad que, dicho sea de paso, tiene un historial negro en materia de contaminación por accidentes. En ese sentido, es preocupante que la propia empresa a la que se otorgó la concesión para operar en Calilegua afirme en un estudio de impacto ambiental que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 20.000 hectáreas, una superficie equivalente a toda la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto cómo hace el gobernador Fellner para que tres leyes nacionales tan importantes no se apliquen en el caso del Parque Nacional Calilegua.
Por sus características geológicas, la zona en la que está ubicado Calilegua tiene una alta tasa de desmoronamientos, producto del tipo de suelos y de las abundantes precipitaciones registradas a lo largo del año. En ese sentido, toda excavación, construcción de caminos, sobrecarga por estructuras, terraplenes, supone correr el riesgo de desestabilizar laderas. Asimismo, la región representa una elevada peligrosidad sísmica (en los últimos dos meses se registraron por lo menos seis temblores). Por otro lado, el yacimiento se encuentra en una zona con alta recurrencia de incendios forestales (2010, 2012 y 2013), lo que convierte la presencia de pozos petroleros en una bomba de tiempo.
El avance petrolero sobre el Parque Nacional Calilegua generó un fuerte rechazo entre guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas, especialistas forestales y dirigentes políticos. A pesar de esto, la empresa sigue operando en el lugar y avanzando con sus planes de expansión con el aval del Gobierno de Jujuy, algo que pone en serio riesgo un patrimonio natural de todos los argentinos.
Extraer petróleo de un parque nacional es un monumento al absurdo. No hacer nada por evitarlo, también.