El acuerdo con Irán a efectos de crear una comisión investigadora, que otorgue a los mismos imputados en la causa la posibilidad de juzgar su propia responsabilidad en la voladura de la AMIA, genera la necesidad de analizar cuál es la verdadera relación de este gobierno con la causa de los derechos humanos, porque poca vinculación tiene con éstos el modo en que se está pretendiendo “investigar” el homicidio por métodos terroristas de 85 personas, un claro delito de lesa humanidad.

Si avanzamos en una investigación histórica, seguramente descubriremos que previo a la llegada de Néstor Kirchner al poder, poca cosa puede encontrarse en la historia del matrimonio gobernante relacionada con la protección de los derechos humanos.

Pese a que tanto el ex presidente como la actual son abogados, no se encuentran registros de habeas corpus presentados por desaparecidos durante el proceso genocida, ni tampoco intervención ninguna denunciando hechos por el estilo. Hubo 9 desaparecidos santacruceños y por ninguno de ellos los abogados Kirchner se presentaron en la Justicia.

Llegada la democracia, Néstor ya era intendente de Río Gallegos y Cristina legisladora provincial cuando el gobierno alfonsinista sancionó las leyes de obediencia debida y punto final. No se registran declaraciones u oposiciones al respecto de ninguno de ambos ni de nadie de su entorno.

En el gobierno de Carlos Menem, entre 1990 y 1991, se dictaron los decretos de indulto presidencial. No sólo tampoco hubo oposición kirchnerista, sino que en el mismo 1991, Néstor es elegido gobernador de Santa Cruz con el apoyo de Menem.

Cristina Kirchner fue legisladora nacional entre 1995 y 2003 (luego lo siguió siendo hasta 2007, pero se examina el período en que su marido no era presidente). Cuatro años fue senadora nacional y cuatro diputada nacional. La simple revisión de los archivos públicos de ambas Cámaras revela que jamás presentó ni un solo proyecto relacionado con la problemática de los derechos humanos.

Si se observan los videos de los discursos de la campaña presidencial de Néstor Kirchner, no puede encontrarse en ellos una sola referencia a los derechos humanos, y en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, en 2003, se registra una sola mención, tangencial, sin el anuncio de una política ni medidas previstas al respecto.

Entre 1993 y 1998 hubo 10 proyectos legislativos para derogar las leyes de obediencia debida y punto final. Ninguno de Cristina Kirchner, pese a que, como se dijo, era legisladora desde 1995. En 1998, por fin, el Congreso las derogó tomando un proyecto de Humberto Roggero, Federico Storani y Carlos “Chacho” Álvarez. La actual presidente era diputada nacional. No firmó los proyectos de derogación ni participó con la palabra en la histórica sesión.

Respecto a la inconstitucionalidad de dichas leyes y la reactivación de los juicios de la verdad, y los grandes procesos como el de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército, no se produjo por impulso del kirchnerismo sino antes. En marzo de 2001 (gobierno de Fernando De la Rúa), el juez federal Gabriel Cavallo decretó la inconstitucionalidad de las leyes, y en noviembre del mismo año, la Cámara Federal ratificó el fallo.

Desde 2003, la historia cambio abruptamente, al menos en cuanto a la simbología. El ex presidente Kirchner ordenó bajar el cuadro del genocida Jorge Videla del Colegio Militar, se entregó el predio de la ESMA para un museo, y el Congreso dictó en 2003 un ley de “nulidad absoluta” de las leyes del perdón. Algo que por cierto es inconstitucional, dado que el Congreso “sanciona” leyes o “deroga” leyes. Las nulidades sólo las dicta el Poder Judicial, con lo cual aquel hecho fue solamente un símbolo sin consecuencias jurídicas. La reapertura de las causas ya estaba en marcha desde la derogación mencionada en 1998 y los fallos también mencionados.

Pero dicha simbología únicamente se relacionó con aquellos derechos humanos de las víctimas del genocidio de los ’70, dejándose completamente de lado los derechos humanos actuales, los de los que viven por estos días. El primer “derecho humano” es el derecho a la vida. De él se desprenden todos los demás, y sin él no queda derecho humano por cumplirse. Por eso, todos los pactos internacionales en la materia lo rescatan en su primer artículo (véase la Declaración Universal o el Pacto de San José de Costa Rica).

Sólo a modo de ejemplo, el derecho a la vida de Wanda Taddei fue quitado por su marido Eduardo Vázquez, quien la quemó viva. La Justicia lo condenó a 18 años de prisión, y las políticas carcelarias del gobierno, al margen de toda ley, le otorgaron salidas transitorias para esparcimiento, con el fin de reinserción social. Cabe aclarar, que la ley 24.660 de ejecución de penas privativas de libertad exige el cumplimiento de la mitad de la condena para empezar el proceso de reinserción y salidas transitorias. En el caso de Vázquez, hubiesen sido 9 años, aunque empezó a salir a los 2 meses.

Los derechos de los pueblos originarios en las provincias argentinas gobernadas por el kirchnerismo son violados sistemáticamente, con absoluta complicidad de los Estados provinciales. No sólo mueren de hambre, carecen de cualquier atisbo de dignidad en sus condiciones de vida, como cloacas por ejemplo (el 20% utiliza hoyos en la tierra a modo de “baño”), sino que además viven amenazados y maltratados por las fuerzas de seguridad locales, que hasta los asesinan sin consecuencia alguna. El gobierno nacional no hace nada al respecto.

En septiembre de 2011 la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad un proyecto de “Ley Antitortura”. Se trata de un sistema elaborado de alerta temprana para evitar las torturas y malos tratos en las cárceles, que fue redactado por el CELS y distinguido por todas las organizaciones de derechos humanos del continente. Luego de aprobarse en la Cámara baja, pasó al Senado. El oficialismo tardó más de una año en darle la media sanción faltante. En medio, los senadores se reunieron unas 30 veces, entre otros motivos, para sancionar la expropiación de Ciccone o designar al nuevo procurador general y otras urgencias. En ninguna sesión se incluyó la ley antitortura. El mismo CELS denunció que las torturas y malos tratos en cárceles se habían incrementado durante 2012. Si esta ley iba a evitar alguna de ellas, el kirchnerismo la demoró innecesariamente más de un año. ¿Por qué? Porque los derechos humanos siguen sin estar en su agenda.

Una de las características de los derechos humanos es su calidad universal. La lucha por los derechos básicos de las personas no reconoce fronteras y quien realmente es un luchador de esta causa no puede establecer relaciones con dictadores asesinos, porque el derecho humano de un militante de los ’70 en la Argentina es tan derecho y tan humano como el de un opositor libio, o una mujer iraní que tuvo sexo con alguien que no es su marido. Sin embargo, el kirchnerismo ha establecido relaciones estrechas con dictadores como Kaddafi, Dos Santos (Angola, más de 30 años en el poder), o el propio acuerdo con los iraníes. Más allá de la aberración de la voladura de la AMIA, el kirchnerismo establece fluidas relaciones con un gobierno que propicia matar mujeres a pedradas.

Podrían sumarse a todo esto una larga lista: los derechos humanos de los jubilados, de recibir los haberes que les corresponden por sentencias judiciales y que el gobierno se niega aún así a pagarles (y que implican comer peor, menor acceso a medicación, etc.); la sanción de la ley antiterrorista impulsada por el oficialismo en el Congreso; la política de reemplazar subsidios por trabajo para controlar al subsidiado pero menoscabando su dignidad como persona, y varios etcéteras.

Las líneas anteriores no son más que una lista de ejemplos. Los derechos humanos en la Argentina están tan o más menoscabados que antes de las instauración de los Kirchner en el poder; y su “puesta en agenda” no significó más que un recurso retórico sin medidas reales ni efectivas. Escuché a algún opositor en el que, el discurso oficial hizo evidente mella, decir que “el kirchnerismo es menemismo con derechos humanos”. El kirchnerismo es menemismo con relato.