Por: Horacio Minotti
El proyecto de ley que reforma el Consejo de la Magistratura modifica la ley presupuestaria del Poder Judicial y quita la potestad al Máximo Tribunal de elaborar el presupuesto de gastos del Poder que encabeza.
El proyecto enviado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner al Congreso Nacional no sólo establece cuestiones de grave violación a los preceptos constitucionales, como que los jueces sean electos para un cargo en forma directa y participando de partidos políticos, lo cual destroza su independencia; sino que además, realiza una jugada también inconstitucional pero más sutil, aunque muy dañina.
Le resta a la Corte Suprema la posibilidad de elaborar el presupuesto del poder que encabeza, modificando la ley 23.853 llamada de Autarquía Judicial. En su redacción vigente el artículo 1º establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación preparará el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial”. Sin embargo, el proyecto enviado por el gobierno al Congreso prevé en su artículo 22 el reemplazo de la frase “Corte Suprema de Justicia de la Nación”, por “Consejo de la Magistratura de la Nación”, que será a partir de la sanción de la norma quien elabore el presupuesto del Poder Judicial.
Además, el proyecto también intenta reformar el artículo 2º de dicha ley, para vaciar de fondos a la Corte. Esa norma establece que el Tesoro Nacional atenderá las necesidades del Poder Judicial con el 3,5% de los ingresos tributarios y no tributarios del Estado. Sin embargo, en la redacción vigente, establece que la Corte Suprema de Justicia recibirá el 0,57% (para poder funcionar sin depender de nadie en su calidad de cabeza de poder) y el Consejo de la Magistratura administrará el 2.93%. La reforma que aprobará kirchnerismo deja la totalidad de los fondos en manos del Consejo de la Magistratura.
En síntesis, la Corte no puede elaborar el presupuesto del Poder Judicial y pierde la posibilidad de financiar sus gastos, quedando a merced de que el Consejo de la Magistratura le habilite o no dinero para funcionar. Básicamente, y para explicarlo en términos políticos, el gobierno cree que con la elección directa de los consejeros controlara la Magistratura. Siendo así, y con las reformas pretendidas, será el Consejo controlado por el gobierno y no la Corte quien determine cuáles son las necesidades financieras del Poder Judicial y cómo se distribuirán los recursos. Pero además, somete a la Corte a ese organismo (el Consejo) políticamente controlado, incluso para sus gastos más ordinarios de funcionamiento.
Dicha medida quita a la Corte Suprema su autarquía funcional e independencia como poder, así como su carácter de cabeza del Poder Judicial. Esto así porque no podría existir autarquía financiera de un poder “no político”, cuando sus finanzas están controladas por un órgano que sí es político, porque sus miembros son elegidos en las listas de los partidos políticos, por ende, está controlado por el poder político. Y no existe independencia de una cabeza de poder cuando está incapacitada de determinar sus propias necesidades financieras. Es un organismo político quien le dice cuánto necesita gastar y cómo distribuir lo que gasta. La propuesta de reforma del Ejecutivo es, en estos términos, una verdadera aberración institucional y un claro golpe de Estado encubierto al Poder Judicial.