Por: Horacio Minotti
La Asamblea Permanente en Defensa Constitución (APDC) ha decidido promover acciones adicionales a las presentaciones judiciales para impugnar la constitucionalidad de las leyes que modifican la composición y el modo de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y que restringen las medidas cautelares contra el Estado Nacional.
Éstas consisten en la firma de compromisos escritos ante la sociedad. El compromiso inicial es por parte de los legisladores con mandato actual pero que no vence en 2013, de derogar, en caso que el oficialismo pierda sus mayorías parlamentarias, ambas leyes impugnadas. Miembros y colaboradores de APDC se presentarán en los despachos de los legisladores presuntamente opositores a invitarlos a suscribir el compromiso.
El segundo compromiso es con los presidentes de los partidos políticos de la oposición con representación parlamentaria, para que exijan a aquellos consejeros que sean electos por su partido en caso de presentar candidatos, la inmediata re renuncia a sus cargos en caso de estar en ejercicio de ellos cuando se derogue la ley actual.
El tercer compromiso será idéntico el primero, pero se invitará a suscribirlo a todos los precandidatos a legisladores nacionales que vayan a competir en las primarias de agosto 2013.
Por último, se solicitará a los candidatos a consejeros de la Magistratura de los partidos de oposición que firmen un compromiso de renuncia a sus cargos, cuando se derogue la ley 26.855, de modo de poder facilitar la normalización del Consejo.
Tales compromisos permitirán determinar con exactitud qué partidos políticos, qué legisladores con mandato y cuáles de los precandidatos son realmente proclives a la defensa de la Constitución Nacional, y quiénes de ellos no están dispuestos a sacrificar cargos y caja, en pos del buen funcionamiento institucional. Si bien la APDC promueve el abstencionismo de la oposición, dado que nada dejaría más en claro que se trata de una norma inconstitucional, se han analizado los argumentos de algunos sectores políticos relacionados con no dejar a disposición del oficialismo el control absoluto del Consejo. En tal orden, se ha diseñado esta estrategia, con el objeto de otorgar a los ciudadanos seguridades en materia institucional y orientación electoral específica.