Por: Horacio Minotti
La ley y sus intérpretes, los jueces, tienen un fin: la equidad. Sin su existencia, una sociedad estaría sometida al mandato eterno de los más fuertes. A esa ley general y obligatoria y a la aplicación que de ella hacen los magistrados nos hemos sometido voluntariamente como sociedad. Pero resulta que los términos han cambiado, que ya nada es lo que debería ser.
“Si esta cárcel sigue así, todo preso es político”, dice el Indio Solari. Si la ley es ignorada, si los jueces y fiscales no tienen peso social, todo preso, todo sancionado, todo castigado, es una víctima del poder: del más fuerte físicamente, del que posee las armas que matan, o del económicamente preponderante; es la ley de la selva.
¿Cuál es el gran poder de un juez o un fiscal? La ley, sin duda, que le otorga determinadas potestades. ¿Cómo hace un fiscal para investigar o un juez para juzgar a los poderosos sin tal respaldo? No tiene modo. El fiscal no puede correr al delincuente, asirlo de las solapas y meterlo en la celda. El juez tampoco. No tiene una horda funcionarios al estilo Elliot Ness. Si las fuerzas del orden deciden violar la ley e ignorar sus peticiones, no existe modo de que puedan cumplir el esencial cometido de aplicar las leyes y así, igualar.
La Argentina vive tiempos en que los poderosos tienen un enorme peso por encima de la ley y de quienes deben aplicarla. El hecho se impone al derecho y por ende a la Justicia, de forma metódica y constante. Por eso fue suspendido José María Campagnoli, por cumplir la ley, por investigar un poderoso. Es un suspendido político, el poder político se impuso a la ley, la echó a un costado y castigó a un fiscal por hacer su trabajo.
No es el único. Podrá recordarse, por solo citar uno, el caso del juez Civil y Comercial Federal Tetamantti, quien el año pasado, quedó a cargo de la disputa tribunalicia por la ley de medios. Parece que Tetamantti tenía un hermano ex militar retirado, con una foja de servicio totalmente limpia. Y que alguien le “sugirió” que si no abandonaba la causa, su hermano se vería implicada en causas de violaciones a los derechos humanos. Obviamente Tetamantti dejó el expediente y también su cargo. El hecho por sobre el derecho y por ende la supremacía y el dominio del más fuerte, con el único elemento que puede equiparar, la ley, en el tacho de la basura.
Campagnoli seguramente sea, en unos días, un destituido político. El “Centauro” decidió investigar a Lázaro Báez, aparente cajero K, como lo hizo con decenas de funcionarios durante el menemismo. Ahora lo suspendieron, a instancias de una procuradora general de la Nación que, de retornar la Justicia alguna vez a este país, podría vérselas en figurillas para mantener la libertad ambulatoria.
En nombre del poder y no de la ley se suspendió a un fiscal de la Nación, y esa afrenta no lo es a la Justicia, ni a la ley, es al pueblo que resulta ser la primera víctima del abuso. Se entienda o no hoy, la sanción a Campagnoli es la muestra flagrante de que el poder ya no está en la ley y siendo así, el pez grande se come al chico y usted, señor lector, tenga por seguro que es de los peces pequeños, como lo somos la mayoría.
Siempre existen ciertos límites, líneas fronterizas que, de ser atravesadas, cambian el curso de la historia. Cuando Cayo Julio Cesar cruzo el río Rubicón, cambió la historia. Pero también el asesinato del archiduque Francisco Fernando cambio la historia, y la prisión de Nelson Mandela lo hizo. Ciertos hechos humanos atraviesan un límite y generan una bisagra. Ni Campagnoli es Mandela, ni va a pasar tres decenios preso. Pero nunca se sabe cuál es el disparador de un cambio, dónde está el punto de saturación de una sociedad, cuál es el límite del atropello y el autoritarismo. Lo que sí se sabe es que un día llega.