“Encontramos una provincia que sólo tenía un 3% del presupuesto en capacidad de inversión, la más baja entre todas las provincias. Encontramos un Estado que está más preparado para obstaculizar que para gobernar, con un sistema de administración obsoleto, burocrático y lento.
Ningún proceso de la administración pública es 100% digital: por mes se transportan 175 mil expedientes en papel y detrás de esos expedientes y el tiempo que se pierde en cada traslado hay una persona esperando.
Recibimos un Estado que no puede dar respuesta a los problemas, porque una licitación para hacer una obra tarda entre nueve y once meses para adjudicarse, y ni hablemos del tiempo para que la obra efectivamente empiece.
Seamos claros en esto: aun si tuviéramos el dinero, el proyecto aprobado y la capacidad de hacer, con esta forma de administrar no podríamos usar los recursos de un año, porque los expedientes viajan en carretilla.
Tenemos una ley de obra pública vieja, compleja, que genera dificultades y que aleja al Estado de los que más lo necesitan”.
María Eugenia Vidal (01/03/2016)
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa, puso sobre el tapete el tema medular sobre el cual deberemos debatir en los próximos años. El rol del Estado, luego de vivir doce años de autoritarismo, oligarquía y subadministración, ahora no debería, en esa vieja y mala costumbre pendular argentina, llevarnos a un Estado prolijo y administrado pero injusto e ignorante de los desposeídos. Abandonados por el sistema competitivo, que en todo el mundo debate la exclusión como tema.
Recordar que Argentina es un gran y pródigo territorio habitado por nada más que cuarenta millones de personas no es, en este caso, caer en un lugar común. El Estado debe tener como prioridad igualar en salud, educación, vivienda, para hacer real el axioma de igualdad de oportunidades, si no, estaríamos en la hipocresía de pensar que igualdad es no hacer nada.
Cuando la gobernadora nos presenta el panorama de la provincia de Buenos Aires, nos dice que el Estado se dedica a cobrar impuestos para pagar sueldos, sin invertir en educación, salud, infraestructura, seguridad, etcétera. En realidad nos dice que el Estado estafa a los contribuyentes y plantea una actitud de servicio cuando critica la burocracia como impedimento para el hacer.
Ese es el debate: no nos podemos permitir ni la estafa de cobrar impuestos para no hacer nada, ni la de construir un Estado ausente en la indelegable función de corregir las desigualdades generadas por un sistema esencialmente concentrador de la riqueza.
Logramos un consenso para terminar con el Estado autoritario y oligárquico, eso no supone ser espectadores o administradores del doble estándar social generado en las últimas décadas. No podemos ser condescendientes con un doble mercado, el de los más humildes en las Saladas y los mercados de cercanía en los barrios más alejados, que logran abastecer a cada vez más argentinos con base en una semieconomía formal; y por otro lado, las cadenas de supermercados y los shoppings, para aquellos agraciados que lograron ser parte de la nueva economía del mundo moderno.
Hoy, si pudiéramos elaborar una estadística sobre el comercio interior, nos encontraríamos con la sorpresa de que esos dos mercados dividen por mitades el gasto, pero con una tendencia a que el mercado semiformal crezca, en detrimento del otro.
El doble estándar se presenta también en educación, entre la educación privada y la confesional paga se reparten el alumnado de los incluidos en la formalidad del trabajo, y la pública queda para los hijos de los informales o los semiformales.
Lo mismo con la salud, entre las prepagas y las obras sociales, los formales, la salud pública para los informales o los semiformales.
Definitivamente, los argentinos no sólo debemos preocuparnos por la grieta política o ideológica, que en definitiva es de poca monta, sino fundamentalmente por la fractura social generada por la oligarquía política en complicidad con una clase empresarial especuladora y partícipe necesaria de la corrupción del Estado.
El cambio es necesario y en eso hay gran coincidencia; el punto es cómo y por dónde empezar. El acuerdo en un Concejo Económico y Social o Diálogo Argentino (como se lo llamó en la crisis del 2001) sería un punto de inicio. De allí, deberán surgir los grandes acuerdos que den un marco para el mediano y largo plazo.
No se puede limitar a consensos de coyuntura, deben ser acuerdos estructurales. Reforma política, reforma del Estado en sus tres poderes, un nuevo entendimiento en el reparto de la renta, orientación para los acuerdos nación-provincias.
Estos convenios se podrán hacer ahora por voluntad de las partes o se harán en la próxima crisis ante la emergencia. Sólo la madurez de la dirigencia argentina, de todos los sectores, nos mostrará si logramos ahorramos una nueva caída al infierno.