Por: José Benegas
La maniobra del gobierno kirchnerista de hacer renunciar al flamante jefe de gabinete del gobierno de Chubut Carlos Eliceche y a la ministra de Desarrollo Social de Tucumán Beatriz Mirkin, para que reasuman sus bancas en la Cámara de Diputados después de haber pedido licencia uno y haber renunciado la otra, al sólo efecto de lograr el quórum para el tratamiento del acuerdo con Irán, nos hace caer a los más bajos estándares de cultura política.
Vale todo y con esta constatación se comprueba que la relación con la teocracia del señor Ahmadineyad está el tope de las prioridades políticas del oficialismo, por motivos que no han sido aclarados y que es evidente que van mucho más allá de la investigación del atentado contra la AMIA. Por eso el alto precio que paga para conseguirlo.
El gobierno se desentiende de la situación de caos jurídico en que colocan a las dos provincias puestas a la parrilla, porque lo que queda al desnudo con estas renuncias por un rato es que dos altos funcionarios que han dictado actos administrativos en el ejercicio de sus funciones todavía mantenían sus empleos como diputados de la Nación, algo que tanto la Constitución de Chubut como la de Tucumán prohíben de manera expresa sancionando con la nulidad a los actos que hubieran dictado o autorizado.
El artículo 67 de la Constitución del Chubut establece que “…una misma persona no puede acumular dos o más empleos aunque uno sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos docentes o de carácter técnico profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última acumulación. La caducidad es automática en el empleo o función provincial de menor remuneración, quedando a salvo la facultad de opción del interesado…”.
Para que asumiera el señor Eliceche como Jefe de Gabinete tendría que haber renunciado a su banca y la renuncia haber sido aceptada, si no bastara el sentido común, porque así lo dice la constitución provincial. Volver a la banca termina por demostrar que nunca la dejó y que sus acciones como jefe de Gabinete carecen de valor jurídico.
Lo mismo pasa en el caso de la señora Mirking, el artículo 9 de la Constitución provincial determina que “no podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma persona aun cuando uno sea provincial o municipal y el otro nacional… La simple aceptación de un segundo puesto deja vacante el primero, cuando éste es provincial o municipal; si fuera nacional, el segundo nombramiento es nulo”.
Parece que un día de quórum justifica dejar a dos provincias desguarnecidas desde el punto de vista jurídico, además del daño en la buena fe y la incultura política que todo esto significa.
El gobierno debe poner blanco sobre negro por qué la nueva relación con Irán vale más para ellos que la vida de los argentinos asesinados, que la independencia del Poder Judicial, que la ubicación estratégica de la Argentina en el juego de poder mundial, que la seguridad jurídica de dos provincias y que el pudor más elemental.
De paso el gobierno podría explicar por qué no llegó a un acuerdo parecido con Venezuela, país aliado y socio del oficialismo, para que declaren los funcionarios venezolanos involucrados en la causa Antonini Wilson ante la Justicia argentina. En ese caso parece que no hay tanto apuro.