En diciembre de 2001, envuelta en una fuerte polémica con diversas organizaciones sociales y la oposición, se sancionó la ley N° 26.734 conocida como ley antiterrorista.
Mediante esta ley se derogaron los incisos ter y quater del artículos 213 del Código Penal, y se incorporó como agravante de todos los delitos del Código Penal “su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando “los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Como se puede inferir, “aterrorizar a la población” se aplicaría sin dudas en los atentados a la Embajada de Israel o a la AMIA. Sin embargo, su vaguedad deja abierta a discrecionalidad de la Justicia la interpretación de qué otros actos pueden ser considerados terroristas.
El pasado viernes 8, la filial argentina de la multinacional Donnelley presentó un pedido de quiebra, y el lunes siguiente cerró su planta de Garín, dejando a aproximadamente 400 empleados sin su empleo. Aparentemente, ese mismo lunes el Juzgado interviniente emitió el auto de quiebra, lo que motivó el cierre de la planta.
Esta situación disparó un conflicto con los trabajadores, quienes luego de una fallida conciliación obligatoria ingresaron a la planta “para poder producir” y cuidar los puestos de trabajo. Los trabajadores alegan que se enteraron del cese de actividades por un cartel colgado en la puerta de la planta el mismo lunes por la mañana.
En medio del conflicto, el Estado denunció penalmente a la imprenta Donnelley, evocando la controvertida ley antiterrorista, tras acusar a la empresa de generar un “falso estado de quiebra para generar temor”. La posición del gobierno se basaría en que la quiebra solicitada por la empresa no es consecuencia de un problema económico financiero de la firma, sino que se realiza a los efectos –aparentemente únicos- de generar temor en la población. El pedido de quiebra “aterroriza” a la población, supuestamente, por generar una sensación de pérdida de empleo e inestabilidad laboral.
De ser cierta, la forma utilizada por la imprenta de notificar a sus empleados del pedido de quiebra no fue la correcta bajo ningún punto de vista.
Sin embargo, considerar que esta reprochable manera de cesar una actividad comercial es un acto terrorista, y como tal debe ser penado con la rigurosidad establecida en el Código Penal, tampoco parece un análisis acertado. Claramente, no es una manifestación que aliente la inversión privada, tanto de capitales extranjeros como nacionales. Todo lo contrario.
Por último, la ley de concursos y quiebras establece el instituto de la “quiebra fraudulenta”, y sanciona las acciones de los comerciantes que participaren en este tipo de acciones. Si el gobierno considera fraudulento el intempestivo cierre de la planta, es este instituto el que podría haber invocado. Pero no teñir un acto comercial de terrorista.