Por: Juan Gasalla
La creación de puestos de trabajo es la columna más sólida sobre la que se sostuvo la mejora económica de la última década en la Argentina. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pudieron mostrar en este aspecto números notables: hace diez años, al término del primer trimestre de 2003, la desocupación ascendía a 20,4% de la población activa, con una subocupación del 17,7 por ciento. En el cuarto trimestre de 2006, el desempleo cayó debajo del 10% por primera vez en 13 años, al 8,7 por ciento.
A partir de 2007 se empezó a desacelerar el ritmo de creación de trabajo hasta estancarse en el último trimestre de 2012, que finalizó con un desempleo de 6,9%, dos décimas por encima del mismo período del 2011. El empleo es ahora un eslabón débil en una economía cuyo ciclo de crecimiento manifiesta en el último año señales de agotamiento. Según estimaciones de la fundación FIEL, este año la tasa de desocupación podría aumentar 0,4%, por primera vez desde la crisis de 2001-2002.
La caída del desempleo no fue exclusiva de la Argentina, aunque en nuestro país fue uno de los logros más ponderados por los votantes. En la región, Chile (6%), Brasil (4,6%), Uruguay (6,7%) o Perú (6,4%) muestran cifras similares, con crecimiento robusto y baja inflación. Según las mediciones oficiales, Argentina presenta una tasa de actividad (porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene o busca empleo) mucho menor que sus vecinos, en sólo 46,3%, cuando en Uruguay se ubica en el 58% o en Chile, en 56,2 por ciento.
Con un crecimiento vegetativo del 1,5% anual, la oferta laboral privada aumenta a un ritmo del 1%, pero la oferta estatal en las provincias y municipios lo hace a razón del 6%, por lo que se disimula con puestos públicos un problema de empleo. En cierto modo, los oficialismos a nivel nacional, provincial y comunal incrementaron su base electoral al añadir un millón de puestos a sus plantillas en los últimos ocho años. En el mismo sentido, las empresas se enfrentan a dificultades por la escasa oferta de trabajadores capacitados. Según un estudio de la UCES, la productividad por trabajador se elevó desde un 65% desde 2001, pero el salario se elevó hasta 2012 un 225%, para seguir la marcha de la inflación real.
En términos generales, en 2013 se espera un año mediocre en materia de empleo. Una mejor cosecha de soja, como está previsto, impulsará la actividad en transporte y comercio, mientras que la recuperación de la actividad en Brasil sostendrá la demanda de operarios de las automotrices y otros rubros industriales. Pero hay medidas de política económica que seguirán vigentes y significarán un desaliento a las contrataciones. El cepo cambiario atrofió la construcción y la actividad inmobiliaria. La caída de más de 30% en la compraventa de inmuebles usados redujo sustancialmente la oferta laboral que generan las refacciones que encaran los nuevos propietarios, tan importantes como las fuentes de trabajo de las obras nuevas.
Las restricciones cambiarias frenan planes de inversión privada mientras que el encarecimiento del dólar marginal concentra parte del ahorro de los particulares en divisas fuera del sistema financiero, que es donde se canaliza el crédito. En tanto, entre los empresarios persisten las dudas sobre los costos del mercado laboral, ante las duras disputas paritarias y los controles de precios con final indefinido.
Pobreza y empleo
El Empleo informal afecta al 34% de la población ocupada. Estos trabajadores no tienen aportes para su jubilación futura, no gozan de vacaciones ni licencias y carecen de cobertura de obras sociales o aseguradoras de riesgo del trabajo. Este tercio de la fuerza laboral está en una línea de alta vulnerabilidad: cuando hay recesión económica son los primeros en perder su empleo y no cuentan con representación sindical alguna.
Tener trabajo ya no es sinónimo de salir de la pobreza en Argentina. Se puede ser pobre y estar ocupado, aunque las mediciones del INDEC reflejen una disminución del número de habitantes que no cubren sus necesidades básicas. Al medir la pobreza, el ente estadístico contempla una Canasta Básica de Alimentos en función a la inflación oficial, que es un tercio de la real según las mediciones de consultoras privadas.
Así, según los datos oficiales, en la Argentina la pobreza se redujo del 54% al 5,4% de la población en la última década, y la indigencia (dentro de la población pobre, aquella que no cubre sus necesidades básicas de alimentación) cayó del 27,7% al 1,5% en el mismo lapso. Por el contrario, un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina calcula que en el país habitan 11 millones de pobres, un 26,9% de la población, con una inflación bien medida. Unos 2,2 millones (5,5%) son indigentes.
El país continúa con problemas sociales graves, como el de un millón de jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan y quedan fuera de los relevamientos oficiales. Muchos de ellos no vieron a sus padres trabajar, carecen de tutores o referentes de quienes puedan aprender un oficio o la disciplina de cumplir un horario y asumir responsabilidades laborales. En la marginalidad existe una barrera difícil de cruzar entre el plan social y el empleo. La necesaria asistencia social del Estado, que en la actualidad beneficia a unos cuatro millones de personas, puede ser un arma de doble filo si las condiciones que la promueven no mejoran con el paso de los años, al desalentar la cultura del trabajo y profundizar la exclusión que se procura erradicar.