Por: Juan Gasalla
Hace casi 40 años, el 14 de enero de 1974, Juan Domingo Perón pronunció una frase que quedó en la memoria colectiva: “Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera”. Esa sentencia tenía un contexto: el entonces Presidente de la Nación habló al país por cadena de radio y televisión para relanzar el Pacto Social de 1973, iniciativa política rubricada por el Gobierno, la industria y los sindicatos para impulsar el crecimiento y mitigar la inflación.
Textualmente, Perón expresó: “Se ha tratado de un convenio colectivo de alto nivel en el que se han comprometido las fuerzas del trabajo, los empresarios y el Estado. Su estabilidad representa el equilibrio indispensable para dominar el flagelo moderno, la inflación, provocada por un desacuerdo permanente que ocasiona una carrera desenfrenada entre precios y salarios, en el que los primeros suben por el ascensor y los salarios por la escalera, según una aserción popularizada por la experiencia largamente vivida”. Entre diversos puntos, aquel Pacto Social estableció un congelamiento de precios, dispuso un alza general de salarios y acordó la suspensión de la negociación colectiva por dos años, con el compromiso de cesar los conflictos laborales.
Cuatro décadas después queda la impresión que pocas cosas se modificaron en la Argentina en materia económica: otra vez debatimos sobre la distribución del ingreso, la carestía de precios, el déficit fiscal, la necesidad de cambios estructurales en la industria para hacerla competitiva y la captación de una parte de la renta agrícola para financiar el desarrollo de otros rubros productivos. Como en 1974, la inflación, la suba del dólar y el peso del déficit energético representan un lastre para la actividad económica.
Desde hace ocho años que el alza de precios está cómoda en dos dígitos y se acelera a un ritmo que atenta contra la mecánica de las paritarias. Aunque la Argentina está lejos de una hiperinflación, las negociaciones salariales anuales quedaron perimidas y varios gremios plantearon realizarlas dos veces al año, con periodicidad trimestral o con una “cláusula gatillo” para que se apliquen aumentos estipulados después de determinado incremento de precios.
Una recomposición salarial por debajo de la inflación real es un ajuste –por más que en los despachos oficiales rehúyan del término- y una señal disuasiva frente al recalentamiento de los precios minoristas pues, con el costo social que implica y el efecto nocivo para la actividad, la pérdida de poder de compra se convierte en uno de los pocos factores que moderan las expectativas inflacionarias. Las estimaciones privadas registran una inflación acumulada en 2013 en torno al 27%, superior al Índice de Salarios del INDEC que suma desde diciembre de 2012 a noviembre de 2013 un incremento promedio de 26% para empleados públicos, privados e informales. El año pasado, las negociaciones paritarias concluyeron con una suba promedio de sólo 24 por ciento.
Un informe del Banco Ciudad señala que “la de noviembre (de 2013) resultó la quinta caída mensual consecutiva de los salarios reales del sector privado registrado y, considerando la aceleración inflacionaria de diciembre, el año pasado habría finalizado con una contracción del poder de compra de este segmento cercana al 2 por ciento”. El informe de la entidad concluye que sería el segundo año con caída real del salario, tras haber disminuido casi un 1% en 2012.
Los economistas se refieren al “anclaje de expectativas inflacionarias” como el manejo de distintas variables que tienden a atenuar la escalada de precios. Es curioso que después de un período en el que se profundizaron los controles, congelamientos y acuerdos con cadenas comerciales y proveedores, la inflación no se redujo: avanzó más fuerte. En este caso, el “ancla” para acotar la inflación no funcionó. El déficit del Gobierno lo obliga en 2014 a ser promotor de inflación, a través de un encarecimiento del transporte público y los combustibles. Uno de los objetivos del congelamiento de tarifas había sido el de la contención de precios.
El Gobierno renunció en los últimos meses a otro precio que actuaba como “ancla”: el del dólar oficial, que trepó 32,5% en 2013, su máximo aumento desde 2002. Muchos precios internos se fijan con el dólar como referencia, pero una tasa de cambio artificialmente baja incentiva la fuga de capitales. La salida de divisas de 2011 no sólo inspiró el “cepo” cambiario, también tentó a restringir importaciones, otro recurso útil para poner límite a las remarcaciones. Si la falta de una política integral contra inflación no se puede reemplazar con atraso cambiario, menos aún con devaluación.
Con un Tesoro que contabiliza déficit primario por segundo año consecutivo y no accede al mercado de deuda, en el Ministerio de Economía se enfrentan al dilema de recortar el gasto público o generar más inflación, es decir transferir el costo del ajuste a toda la ciudadanía, porque al cubrirse el rojo fiscal con la emisión de pesos sin respaldo se traslada a precios esa sobreoferta de moneda, como se observa tanto en la proliferación de billetes de cien pesos como en su menguado poder adquisitivo.