Por: Leandro Goroyesky
La educación primaria y secundaria en nuestro país se aproxima a un verdadero desafío que marcará el devenir nacional: la calidad educativa. Mucho se ha discutido en el ámbito político sobre el presupuesto educativo a nivel federal y provincial, y su justo correlato en el salario docente. La sociedad argentina en su conjunto ha tomado conciencia que la educación es prioritaria para el desarrollo del país y por ello el presupuesto educativo ha crecido sistemáticamente durante los últimos 12 años.
Fruto de dicho consenso, en 2005, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que establece que el presupuesto del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado al financiamiento de la educación no debe ser inferior al seis por ciento (6 %) del producto bruto interno (PBI), meta que se viene cumpliendo desde el año 2010.
Acompañando esta iniciativa los gobiernos han implementado distintas programas que benefician el aprendizaje básico en una sociedad moderna. El Programa Conectar Igualdad de la ANSES, el Plan Sarmiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Centros de Orientación y Apoyo (COA), del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fortalecen dicho propósito. No obstante poco se discute y analiza, públicamente, sobre la calidad en la enseñanza, la capacitación docente y otros datos cuantitativos de suma relevancia que muestran una realidad preocupante.
Según información oficial el 53 % de los estudiantes secundarios no terminan en tiempo y forma sus estudios. Esto se debe a un alto porcentaje de deserción sumado aquellos estudiantes que por múltiples razones permanecen mayor cantidad de años que lo estipulado en los planes de estudios. Otro dato alarmante lo marca la tasa de graduación en las secundarias de gestión estatal donde apenas el 24 % de los estudiantes que ingresan al sistema logran graduarse. Pese a que las comparaciones no reflejan por completo la complejidad de cada sistema, vale recalcar que la tasa de graduación en instituciones de gestión estatal secundarias en el Uruguay es del 38 % y en Chile 39 %.
Otros datos preocupantes: sólo 2% de las escuelas primarias son de jornada extendida en el primer cordón de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo aún la mayoría de las provincias no aseguran el efectivo cumplimiento de la ley N 25.864, la cual garantiza 180 días de clases en el ciclo primario y secundario. Según el censo nacional de población realizado por el INDEC en 2010, sólo el 30 % de los jóvenes de 20 a 24 años terminaron el secundario.
Desde ya el mediatizado porcentaje del 26% del total de los jóvenes del país que ni estudia ni trabaja marca a las claras el arduo trabajo que existe por delante. Fortalecer la escuela pública debería regresar al centro de la agenda política. Entre 2003 y 2011 la matricula en las escuelas de gestión estatal se redujo un 11 por ciento.
En cuanto a la capacitación docente hay aspectos centrales donde el sistema tendría que progresar. La complejidad de la nómina docente en las diversas jurisdicciones marca que se deberían diseñar mecanismos claros y transparentes de designación docente, diagramar mecanismos de evaluación periódica de calidad y formación, y profundizar la formación continua de los docentes y directivos escolares. La asignación de computadoras portátiles en el ámbito nacional y provincial (casi 1 millón de netbooks entregadas) es vital pero insuficiente en el terreno pedagógico. Muchos docentes no utilizan las herramientas informáticas que disponen dado que desconocen su uso y funcionalidad. Se requiere un plan de capacitación articulado entre lo tecnológico y pedagógico que redunde en un aporte cualitativo en el espacio áulico. De lo contrario el esfuerzo presupuestario no se refleja en el aprendizaje aplicativo de los contenidos impartidos.
La creación de agencias provinciales de calidad educativa integradas por concurso público entre especialistas del área podría generar pensamiento y acción en la materia. La integración entre el sistema de gestión estatal y gestión privada agregaría valor y puede realizar transferencia de experiencias que enriquecerían al sistema en su conjunto. La internacionalización real de contenidos educativos en el ámbito del MERCOSUR nos acercaría a otras experiencias exitosas que, sin ser incorporadas como “recetas”, pueden servir de ejemplo para analizar mecanismos y establecer metas.
La educación de calidad es un aspecto vital para generar igualdad de oportunidades en una sociedad moderna. Establecer políticas públicas a largo plazo que aborden el tema sin focalización abstracta debe ser prioritario para la dirigencia política. Allí radica el verdadero desafío de cara al 2015.