Cuando en la Constitución Nacional reformada en 1994 se elimina el Colegio Electoral y el Presidente pasa a ser votado en forma directa por los ciudadanos disminuye el poder político de las gobernaciones en general y se incrementa el de las regiones más pobladas. Es raro que los intendentes del conurbano no se hayan dado cuenta antes de su poder real.
La Provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón electoral, más claro, casi la mitad de los votantes que deciden quién ocupará el sillón de Rivadavia, y gran parte de los distritos del conurbano suman más votos que algunas provincias.
Sinérgicamente, la raquítica economía de la provincia, relegada en la coparticipación federal y sin el Fondo del Conurbano, contribuyó a una descentralización de hecho de funciones teóricamente a cargo del gobierno provincial como salud, educación y seguridad, proceso mediante el cual los intendentes incrementaron sus competencias y autonomía. Las políticas erráticas de financiamiento nacional, fondos para obras asignadas desde el gobierno central tal vez importantes, pero que no respondían a las necesidades urgentes de los ciudadanos del lugar, no resolvieron la necesidad de los intendentes de asegurar la sustentabilidad de los municipios con fondos propios.
La palabra “intendente” es una rémora de épocas de menor complejidad institucional y se refiere a una especie de administrador de consorcio ocupado del mantenimiento de los espacios comunes.
La envergadura y complejidad que han adquirido los municipios del conurbano bonaerense y la descentralización/desentendimiento de funciones que históricamente desarrollaba el gobierno provincial exigen la transformación de los gobiernos locales, pasando de gestores de servicios básicos a verdaderos jefes de gobierno. Sus gobernantes deben ser capaces de implementar modelos de gestión integrales, y de asumir la responsabilidad de gestionar y articular la totalidad de los problemas y recursos de su territorio, considerando que las instituciones pueden obedecer a distintas jurisdicciones pero las personas que necesitan los servicios son ciudadanos del municipio.
Esta realidad exige intendentes que puedan pensar el municipio en términos de desarrollo local, impulsando por ejemplo la inversión pública y privada y la creación de empleo para dinamizar la economía e incrementar los recursos necesarios para invertir en infraestructura y servicios, y en resolver los graves problemas de inequidad.
Por su parte, los ciudadanos saben que la protección de los derechos que reglamentan leyes y normas depende, en gran parte, de que exista una estructura de proximidad que los de a conocer y controle su cumplimiento.
Sin esta intervención difícilmente los ciudadanos puedan acceder a programas y servicios, y menos aún cuando la solución del problema requiere de la intervención de más de una jurisdicción
Sin embargo, las elecciones locales están invisibilizadas en los medios nacionales, los periodistas locales hacen lo que pueden con poco apoyo, y muchos medios dependen de las pautas presupuestarias del municipio para su supervivencia. Esta situación ayuda a ocultar los problemas y a sostener la idea de de que cambiar es imposible, que sostiene los mandatos infinitos.
Escondidos en la prioridad que la ciudadanía otorga a los cargos nacionales y provinciales, la re reelección en los municipios bonaerenses es la norma. Gran parte de los intendentes van por varios mandatos consecutivos, y el extremo es San Isidro con 30 años de gobierno ininterrumpido.
El problema es que la eternización de las gestiones moldea su propio electorado con amiguismos, prebendas y dádivas para los ciudadanos más humildes que requieren la asistencia del municipio, promueve cadenas de concesiones y temores con los comerciantes locales, y complicidades y prerrogativas con los actores económicos de mayor envergadura. Como complemento, mecanismos de corrupción, o la simple borocotización por conveniencia de los concejales, hace que estos intendentes tengan mayorías automáticas en los Concejos Deliberantes que empalidecen las del Congreso Nacional.
La defección de los concejales que ingresan por partidos de la oposición, hace que los Concejos Deliberantes no ejerzan su rol de control político, situación que se completa con la ausencia de organismos de control y auditoría de sus gestiones. Ni hablar de la transparencia con presupuestos inasibles y cambios permanentes de partidas votados por esas mayorías automáticas.
Es obvio que en este modelo las complicidades conducen la política reemplazando las visiones estratégicas y las soluciones permanentes, y que gran parte del presupuesto se pierde en el sostenimiento de esta trama.
La irrupción de Sergio Massa, además del desgaste del gobierno y de sus propios méritos, obedece a este proceso de transformación de los municipios. De algún modo también explica la elección de Martín Insaurralde como candidato.
Massa es el mejor exponente de este nuevo concepto de gobierno municipal pero también es el primero en darse cuenta del poder real de los intendentes y hacerlo valer.
Más allá de su figura, expresa un proceso de cambio cuyo eco se va a sentir inexorablemente en gestiones municipales desgastadas, como ya sucedió en San Martin y San Fernando, porque a diferencia de situaciones políticas donde el candidato triunfante solo expresaba el malestar de la población, el fenómeno Massa cabalga sobre una ola de demandas de los ciudadanos hartos de discursos ideológicos, muchas veces compartidos, pero que luego no se verifican en la realidad.