Finalmente, luego del vergonzoso fallo que en diciembre de 2012 absolvió a los trece imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, el Tribunal de la Cámara Penal de Tucumán condenó a diez de ellos. Ayer en horas de la tarde se conoció el fallo que otorgó penas de entre 10 y 22 años de prisión y la prisión preventiva hasta que la sentencia esté firme. Mientras que a una de las condenadas se le concedió el arresto domiciliario por el término de 15 días, los nueve condenados restantes quedaron presos. Entre ellos, José “Chenga” Gómez y Gonzalo Gómez, acusados directamente del secuestro y el sometimiento a la prostitución, recibieron la pena de 22 años.
Tanto los fiscales como los abogados de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, habían pedido la pena máxima de 25 años de prisión. Sin embargo, tras saberse la decisión del tribunal Trimarco afirmó “Esperaba mucho más, pero estoy conforme. Yo no quiero decir que con esto no voy a seguir luchando. Vamos a seguir hasta el día de saber qué hicieron con Marita”.
Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002 y permanece desaparecida desde entonces. Y si su caso llegó a juicio oral con imputados e imputadas sentados en el banquillo fue gracias a la propia Susana Trimarco. Fue ella, con su nieta Micaela de apenas 3 años a cuestas, quien realizó las primeras investigaciones ante una policía sospechosamente inmóvil e inoperante, quien aportó pruebas contundentes y el testimonio de mujeres que liberó de la esclavitud sexual. Investigaciones, pruebas y testimonios que fueron desestimados en primera instancia por el tribunal integrado por los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero.
Este nuevo fallo que revoca el anterior, evidencia que cuando hay decisión política se puede avanzar. Cabe recordar que los condenados no fueron juzgados por la Ley 26,364 (Ley de Trata de Personas. Prevención y asistencia a sus víctimas), porque dicha ley fue sancionada recién en 2008 y el delito que se les ha imputado es anterior. No obstante, se los condenó por secuestro, sometimiento a la prostitución y esclavitud sexual. Y para ello se utilizaron las mismas evidencias presentadas que en el 2012. Ni más ni menos.
Por fin, a 12 años de aquella mañana en la que Susana Trimarco besó por última vez a su hija hay culpables presos. Pero Susana y Micaela siguen buscando a Marita y dedicando su vida a la lucha contra la trata de personas. Y vaya si les sobran las razones.
A pesar de las condenas, de haber logrado visibilizar la existencia de la trata de personas, de haber revelado la connivencia estatal, política y de las fuerzas de seguridad para con estas redes mafiosas y haber podido concientizar a muchísimas personas acerca de en qué consiste realmente el negocio de la prostitución a gran escala, es necesario dar cuenta de que los avances concretos no han sido aún significativos.
En primer lugar porque el grupo mafioso-empresarial relacionado con el secuestro y la desaparición de Marita no ha sido desmantelado. Rubén Ale, uno de los cabecillas del conocido grupo de los Ale, fue sobreseído en el 2004, a pesar de haberse probado que Marita estuvo secuestrada en la casa de una de sus mujeres y de que a él pertenecía el remise que la llevó a la Maternidad a la que nunca llegó (una agencia que llegó a tener una flota de 5000 autos). Los Ale han gozado de una muy buena relación con el gobierno provincial, sobre todo en la época del gobernador Miranda. Sabido es el manejo que tienen de una red de estaciones de servicio, casas de juego y prostíbulos. El mismo Rubén Ale llegó a ser presidente del Club San Martín de Tucumán y hasta se presentó años atrás como candidato a concejal y a legislador con apoyo de Carlos Menem.
Pero además porque tampoco se desmanteló el negocio de la prostitución en la provincia, el cual se sirve del engaño o el secuestro de mujeres y niñas y que está muy lejos de quedar circunscripto a un problema de “mafia interna”. La trata de mujeres y niñas para la prostitución en Argentina no es un problema local, ni mucho menos. Se trata de una red con conexiones nacionales e internacionales que cuenta con el encubrimiento y/o el apoyo más o menos directo de agentes estatales en todos sus niveles y de sectores de las fuerzas de seguridad.
Incluso las mismas investigaciones en la materia revelan cómo las redes de trata para explotación sexual están cambiando las formas de sometimiento de las mujeres para que resulte más complicado probar que están esclavizadas en los prostíbulos. Los últimos informes de la UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) revelan cómo actualmente es el engaño la forma de captación de víctimas de trata más utilizada: falsas ofertas de trabajos precarios, como empleadas domésticas y niñeras, o en whiskerías como meseras o coperas, que terminan en situaciones de explotación sexual. Las víctimas poseen sus documentos y hasta en algunas oportunidades pueden salir del lugar, porque en definitiva esa situación no pone en riesgo un posible escape, dado que no tienen a quién pedir ayuda y el sometimiento opera de otros modos.
El después del nuevo fallo y la condena es un camino con final abierto. ¿Será la oportunidad de un cambio de enfoque, mentalidad y compromiso para con el imprescindible desmantelamiento de las redes de trata de mujeres y niñas para la prostitución? Ojalá. Lo esperamos ansiosamente.