El inicio de la semana nos golpea con una mezcla de tristeza e indignación. El domingo, en la ciudad de Córdoba, apareció muerta Paola Acosta, una mujer de 36 años que había desaparecido el pasado miércoles. Fue encontrada sin vida en una alcantarilla en barrio Alto Alberdi. Junto a ella estaba su hija Martina, quien sobrevivió 80 horas junto al cuerpo de su madre y ahora está internada en el Hospital de Niños, con un cuadro de hipotermia y una fractura de fémur.
Y hace unas horas apareció muerta Melina Romero de 17 años, que permanecía desaparecida desde el 23 de agosto luego de haber ido a festejar su cumpleaños a un boliche. El hallazgo de su cuerpo se produjo a unos 600 metros del Camino del Buen Ayre, a la altura de la localidad bonaerense de José León Suarez, cerca del predio de la Ceamse.
Melina y Paola. Dos vidas diferentes y un mismo destino: haber nacido mujeres en esta sociedad. Otra vez cuerpos de mujeres en basurales y dentro de bolsas de residuos.
La basura y la alcantarilla son un límite, una frontera que separa a la sociedad de aquello que produce y decide descartar. Y hoy, cuando los arroyos estancados y las alcantarillas nos devuelven cuerpos descartados de mujeres, es más que nunca necesario romper la ficción del caso aislado, del tipo enfermo, de la piba que andaba en algo o de la madre con problemas de pareja.
Es necesario que paremos la pelota y tomemos conciencia que detrás de estas vidas perdidas hay una relación de poder patriarcal encarnada en ciertos hombres que no toleran un no como respuesta, que no soportan no poseer, no hacer su voluntad frente a mujeres que no quieren ser objetos y tomar las riendas de sus propias decisiones y sus propias vidas.
Y también responsabilidades políticas que es necesario visibilizar. Cada 30 horas muere una mujer por el simple hecho de serlo.
¿De qué sirve tener una Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres si no se aplica, si no tiene presupuesto asignado? La ley fue sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, y establece en su artículo 9º que el Consejo Nacional de las Mujeres debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.
No sólo no lo han presentado, sino que tampoco existen hasta el momento estadísticas oficiales sobre femicidios y femicidios vinculados en Argentina. Sólo disponemos de las estadísticas que proporciona el Observatorio de Femicidios en Argentina, “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
No hay estadísticas, no hay diagnóstico, no hay planes, no hay políticas públicas. ¿De qué se ocupan el Consejo Nacional de la Mujer y los consejos provinciales de la mujer? No lo sabemos. Pero de la más brutal forma de violencia hacia las mujeres seguro que no.
Por presión de las organizaciones de mujeres, varias provincias han declarado la emergencia provincial en violencia de género. Recientemente el gobernador Urtubey la ha declarado en Salta. Y sin embargo, continuamos alertando sobre la distancia que existe entre la declaración de intenciones y la realidad concreta. En Rosario, por ejemplo, se acaban de cumplir dos años de la declaración de la emergencia, y los resultados son negativos y críticos. Nuestra compañera Majo Gerez, Secretaria de Género de la CTA Rosario, ha afirmado: “Nuestro balance es negativo y crítico sobre la inacción del municipio. Ninguno de nuestros pedidos fue cumplido. A pesar de la atención del Teléfono Verde las 24 horas, el servicio sigue siendo insuficiente. La falta de líneas rotativas hace que muchas llamadas queden sin ser atendidas, la falta de personal capacitado hace que la mayoría de las mujeres que logran comunicarse no sean acompañadas y asesoradas de manera efectiva. Lo más grave, lo expresa la falta de refugios para víctimas, lo cual hace que los márgenes con los cuales se mide la gravedad de la situación y el riesgo de cada mujer sea cada vez más difuso. Falta de presupuesto y de voluntad política es lo que han demostrado los distintos niveles del estado estos años.
Los asesinatos de mujeres no son crímenes pasionales, son femicidios. No son una cuestión individual, de mujeres vulnerables y de hombres violentos, sino un problema social, cultural y derechos humanos, que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres y que requiere de medidas concretas, fundamentalmente de prevención y contención de las mujeres en situación de violencia. Las leyes existen, ¡exigimos presupuesto y políticas públicas que garanticen su aplicación!