Hace 38 años, el 13 de septiembre de 1975 la presidente Isabel Perón inició un período de licencia de poco más de un mes. En compañía de las esposas de los comandantes de las tres armas, Videla, Massera y Fautario, se refugia en la localidad de Ascochinga, provincia de Córdoba. El Poder Ejecutivo recae en el titular del Senado, Italo Lúder. 

Comienza así el período de un mes aproximadamente durante el cual la Presidencia será ejercida por quien en 1983 será candidato peronista frente a Raúl Alfonsín. Entre sus primeras medidas, cubre los cargos vacantes en el gabinete, tras las renuncias de los ministros del Interior y Defensa, Damasco y Garrido, respectivamente. Ángel Robledo es el nuevo ministro del Interior. Tomás Vottero asume en Defensa. Manuel Arauz Castex (hasta entonces intregrante de la Corte Suprema) es designado canciller[1].

Luder se entrevista con Balbín apenas asume la Presidencia. El líder de la UCR le pide adelantar las elecciones a fines de 1976.

El caso de Robledo es singular: es designado titular de Interior mientras participa de una transmisión de Tiempo Nuevo. Bernardo Neustadt dice: “Robledo entró al programa como canciller y salió como ministro del Interior”. El propio Robledo reconoce: “Me siento desconcertado, porque evidentemente me cambia totalmente los esquemas incluso mentales (…) he estado siempre al servicio del movimiento y del gobierno, me ha tocado algunas veces hacer pasos fugaces por determinada función, y parece que éste es uno más. Veremos cuánto tiempo estoy en Interior”. El 20, Robledo viaja a Nueva York, para participar de la Asamblea General de la ONU. Lo hace como titular de Interior y canciller interino, dado que Arauz Castex recién asume la Cancillería el 2 de octubre. Durante un encuentro en el Waldorf Astoria, el ministro argentino le asegura al secretario de Estado Henry Kissinger: “la subversión no hace peligrar al gobierno” (Clarín, 25 y 29 de septiembre de 1975).

También durante el interinato de Luder, hacia mediados de septiembre, se formaliza la división del bloque del Frejuli en la Cámara de Diputados entre “verticalistas” y “antiverticalistas“. Por su parte, vuelve al país Héctor Cámpora. Algunas versiones señalan que el ex presidente retorna a la Argentina para “reencauzar a la juventud peronista”, a pedido del gobierno. Se insiste en que el ministro Robledo ha realizado gestiones, pero éste las niega.

El 24, Lúder encabeza una reunión de gabinete con la presencia de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, general Videla, almirante Massera y brigadier Fautario.

El 5 de octubre, el país se conmueve: Montoneros ataca el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa. Mueren unas treinta personas, en su mayoría, guerrilleros. El accionar de la guerrilla se enmarca en la demencial política que en el último semestre de 1975, Montoneros pone en marcha para acelerar el proceso político desatando un ataque total contra el aparato de seguridad del Estado[2].

Dos días después, el ministro Robledo visita a Isabel Perón en Ascochinga, al parecer con el objeto de pedirle que extienda su licencia. Luego viaja Luder, con el mismo propósito. El 8, titula Clarín: “Habrían sugerido postergar la licencia”. Al día siguiente, Isabel participa en una misa por el 80 aniversario del nacimiento de Perón, realizada en la capilla de Ascochinga. Mientras tanto, en Buenos Aires sesiona el Consejo Nacional del PJ. Al término del encuentro, su secretario, Manuel Torres afirma que “Isabel reasume y hay acto”. La falta de unidad entre algunos sectores partidarios y el gobierno provisional encabezado por la dupla Luder-Robledo es evidente.

Pero el hecho institucional más relevante que tiene lugar durante la permanencia de Luder en la Presidencia es el dictado de los Decretos 2770, 2771 y 2772/75. Se extiende a todo el territorio nacional el alcance del decreto 261/75 que da intervención a las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva, ante el desborde de las fuerzas policiales.

Luder escribió veinte años después: “En el  Congreso,  los  partidos opositores pedían mayor rigor para luchar contra la subversión. No sólo el  Gobierno manejaba información sobre la indefension de la policía. Yo dicté el decreto (para aniquilar el accionar de la subversión) con el Congreso en funciones. Nadie pidió derogarlo. Nadie fue a la Justicia para plantear una queja. Era un decreto de un gobierno constitucional frente a una situación de extrema gravedad” (La Nación, 24/3/96).

Durante el juicio a las Juntas, en 1985, Luder, Cafiero y Ruckauf negarán que del dictado de los decretos 2770, 71 y 72 pueda desprenderse una autorización al aniquilamiento físico, ni para violar la ley, privar de la libertad a personas ni para alterar el orden institucional mediante un golpe de estado (ver: María Seoane y Vicente Muleiro: El dictador, p. 465).

Carlos Ruckauf -entonces titular de Trabajo- sostuvo una década más tarde: “Firmaría de nuevo ese decreto. Porque la policía había sido superada, y hay que ponerse en la realidad que vivíamos entonces. Había un accionar subversivo que atentaba realmente contra el conjunto de la ciudadanía. Y se habilitó a las Fuerzas Armadas a que luchen contra eso, no a que comentan actos delictivos. Acá no está en discusión si había que acabar o no con la subversión. Estamos todos de acuerdo en que había que terminar con la subversión. Los que piensan lo contrario, están imaginando otro tipo de país. Lo que está en discusión aquí son los métodos empleados. Nadie habilitó a las Fuerzas Armadas para robar, ni secuestrar ni hacer desaparecer gente. Si acá se hubiera hecho la lucha antisubversiva con tribunales, con fallos y con fusilamientos, hoy no estaríamos discutiendo este tema” (Gente, 1º de enero de 1987).

También a principios de octubre, el gobernador bonaerense, Victorio Calabró, realiza críticas declaraciones contra el gobierno nacional ante representantes de la prensa internacional. Afirma que “así no llegamos al 77″. Se habla de “vacío político”[3].

Finalmente, el 17 de octubre reasume Isabel. Se celebra el día de la Lealtad con un acto en Plaza de Mayo y un discurso de la presidente desde los balcones de la Casa de Gobierno. El martes 21, vuelve a presidir el gabinete de ministros. Fracasa el intento de un sector del gobierno de extender la licencia de la presidenta hasta la finalización del período presidencial. El peronismo, y el país, pagarán un alto costo por esta decisión que provocará pocos meses más tarde el pronunciamiento del 24 de marzo de 1976.

20 años después del golpe de estado, Fernando De la Rúa (senador entonces) reflexionó que se hubiera podido evitar el golpe si se producía “la renuncia de Isabel (Perón) después de la muerte de Perón, o poco después, en ocasión de su viaje a Córdoba. Ella no debería haber vuelto al poder, porque fue volver para nada, porque aquello era la desorientación de la nave del Estado. Allí se jugó la suerte del país. Y los militares, a quienes el Congreso les rechazó la pena de muerte para los subversivos en noviembre de 1975, ya no tuvieron dudas sobre el golpe” (Clarín, 24 de marzo de 1996).

Luder recuerda: “Mientras fui presidente interino, intenté generar expectativas institucionales, señalando que íbamos a adelantar las elecciones. Recuerdo que Ricardo Balbín (líder radical de aquel entonces) me dio todo su respaldo. Esa medida desarmaba el marco de maniobra de los golpistas. Pero todas las posibilidades estaban obstruidas por la insistencia de María Estela (Isabel Perón) de permanecer en sus funciones” (Clarín, 24 de marzo de 1996).